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La Junta de Control Fiscal le dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que deniega la petición del Gobierno de Puerto Rico de que se revise la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU., que rechaza la intención del Gobierno de expandir su poder de gastos más allá de de los niveles autorizados por el ente creado por la Ley Promesa.
“El Tribunal Supremo rechazó la apelación del Gobierno, que buscaba la autoridad de utilizar fondos no identificados que no se utilizaron en ciclos presupuestarios previos, pre-PROMESA. El esfuerzo por parte del Gobierno de Puerto Rico violó el Plan Fiscal Certificado de la Junta y los requisitos establecidos por PROMESA”, expuso la Junta en una declaración escrita.
Además, indicaron que el Tribunal de Apelaciones en Boston, ha declarado que la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez no puede llevar a cabo gastos a menos que estén autorizados por medio de un presupuesto y plan fiscal certificado por la Junta.
“Además, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. determinó que la Junta de Supervisión puede hacer obligatorio -en un plan fiscal- sus recomendaciones previas al Gobierno, incluso aquellas rechazadas por éste. La denegación por parte del Tribunal Supremo a la
petición de revisión del Gobierno de Puerto Rico deja estas determinaciones intactas como legislación vigente”, agregó la Junta tras el fallo.
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Asimismo, indicaron que además de reafirmar los poderes plenarios de la Junta en términos del manejo fiscal del Estado Libre
Asociado, la más reciente determinación del Tribunal Supremo subraya la importancia de asegurar disciplina fiscal, según estipulado por PROMESA.
“Los objetivos de PROMESA han sido claros desde el inicio de la Junta: devolver a Puerto Rico a un crecimiento fiscal y económico sostenido y sustentable al reestructurar la deuda de la Isla y restaurar la responsabilidad fiscal. La Junta permanece consistente en esta misión por el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la Junta.
