Tras seis meses de pandemia, el Gobierno todavía compra suplidos bajo la declaración de emergencia

Antes de que se reportaran los primeros casos de COVID-19, las contrataciones públicas ya representaban uno de los mayores riesgos para cometer corrupción, dijo Nicolás Penagos, jefe de Programas en Latinoamérica para Open Contracting Partnership, una organización dedicada a implementar procesos de contrataciones abiertas en colaboración con gobiernos, compañías y entidades de la sociedad civil.

La pandemia ha demostrado además que los problemas de la contratación van más allá de la corrupción. “Hay ineficacia, falta de coordinación e ineptitud, que no necesariamente es querer robarse la plata. [En Puerto Rico], un país que recibe huracanes casi todos los años, no se puede pretender que las contrataciones siempre sean de emergencia”, añadió Penagos.

El COVID-19 aumentó la demanda en los suplidos médicos y afectó las cadenas de suministros, provocando que comenzara una competencia feroz a la vez que se flexibilizaban los procedimientos para comprar artículos de emergencia.

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A estas alturas, el Gobierno de Puerto Rico debió haber implementado un proceso transparente para las contrataciones públicas, apuntó Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. “La emergencia, en términos de las contrataciones públicas, terminó hace 100 días. Ya todos sabemos qué se tiene que comprar. No es un tema secreto, son suministros médicos acorde con la demanda. Ya sabemos que debemos preparar o planificar, dependiendo del cierre del año fiscal [según el país], el siguiente presupuesto. Bajo declaraciones de emergencia, los gobiernos siguen comprando como si no se pudiera preveer”.

El especialista en temas anticorrupción añadió: “Lo increíble es cómo, luego de tantas y tantas historias, no aprendemos. Yo creo que nuestras sociedades son de memoria muy corta y, una vez pasa la emergencia, se nos olvida que seguimos pagando los estragos de las decisiones que se toman durante ellas”, al comparar las emergencias que vivió Puerto Rico con el huracán María en 2017, y México con el terremoto de magnitud 7.1, ese mismo año.

Bohórquez y Penagos fueron los invitados del conversatorio virtual “Transparencia en tiempos de emergencia”, organizado por Espacios Abiertos, la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y Sembrando Sentido.

Sobre la pandemia, Bohórquez sostuvo que hay dos ángulos que se deben fiscalizar: el estado de emergencia que todavía está vigente y los efectos sociales y económicos que se sumarán a los retos que ya enfrentaba la población.

Aunque coincidió en que hay que fiscalizar las contrataciones públicas, dijo que hay que indagar también, en los recursos destinados para apoyar a la ciudadanía, para reactivar la economía, así como créditos, subsidios e incluso exenciones de carácter fiscal que se otorguen.

“En México, hemos identificado que las contrataciones [relacionadas al COVID-19] representan solo el 2% del total de los recursos (el gasto público) que se van a invertir en enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas”, aseguró el director de la organización.

Aunque no hay un análisis formal sobre cuánto representarían las contrataciones públicas en Puerto Rico, Bohórquez estimó que, aunque las contrataciones no sobrepasan el 15%, son más que en su país.

En algunos países, los datos abiertos han permitido analizar cómo se están adquiriendo los materiales de protección. Al menos siete países de Latinoamérica otorgaron contratos millonarios, en la mayoría de los casos poco transparentes, y mediante procesos sin competencia, según una investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Palta).

En el caso de las mascarillas N95, miles de las que fueron adquiridas por países como Colombia, México, Perú y Uruguay costaron hasta dos veces más que el valor unitario promedio en la región. En Puerto Rico, el CPI reveló que el Departamento de Salud compró a sobreprecio equipo médico durante la pandemia, como por ejemplo, mascarillas KN95 (equivalente a la N95, de manufactura China) a $8, pese a que había compañías que las vendían a $3.15 o a $3.50 cada una.

“Los procesos de contratación pública representan un riesgo de corrupción, el cual puede aumentar exponencialmente cuando se relajan los controles de los procesos de compra, así como los requisitos de transparencia y fiscalización”, por la emergencia, afirmó Issel Masses, directora ejecutiva de la organización puertorriqueña Sembrando Sentido.

El Procedimiento Especial de Compras Excepcionales de Emergencias o Desastres Declarados promulgado por la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, fue renovado el pasado 25 de agosto por la Administración de  la Administración de Servicios Generales, sin periodo máximo de vigencia. Por tanto, las compras realizadas ante una declaración de emergencia, catalogadas como excepcionales, están exentas de tramitarse mediante los métodos ordinarios de licitación.

El jefe de Programas en Latinoamérica para Open Contracting Partnership abordó en cinco elementos que se deben tener en cuenta ante una emergencia:

2. Políticas de emergencias claras: Las emergencias y los desastres naturales no son nuevos. En los últimos tres años, Puerto Rico ha enfrentado huracanes, depresiones tropicales, terremotos, sequías, y el COVID-19. Los manuales a seguir deben ser claros y transparentes. “No por comprar rápido hay que comprar de una manera opaca”, advirtió Penagos.Para esto, se deben definir cuándo y cómo se usarán los procedimientos para emergencias. Además, establecer cuáles serán las garantías claves, como revelar resoluciones y contratos en un tiempo razonable.
4. Coordinación y supervisión: No siempre se logra una coordinación efectiva debido a que hay distintos niveles de gobierno y diversas ciudades comprando los mismos materiales. Sin embargo, se debe adoptar un solo sistema de información para las contrataciones públicas, mencionó Bohorquez. Los panelistas también recomendaron hacer compras centralizadas, seguir mecanismos de supervisión y auditorías.
6. Información pública y datos abiertos: Ningún país tiene datos perfectos, pero los que se recopilen deben ser de alta calidad, preferiblemente estandarizados, para hacerlos accesibles a la población. De igual modo, se deben identificar los gastos específicamente asociados a la pandemia y publicar todos los comentarios de proveedores hechos bajo provisiones de emergencia. “Si la información no sirve para cambiar nuestro entendimiento sobre las políticas públicas o para corregir algún fenómeno, tiene un efecto de post-mortem. Cuando usamos la información para la autopsia de por qué algo salió mal y no logramos corregir en tiempo real lo que está pasando, lo que generamos es una sensación de impunidad”, destacó el director de Transparencia Mexicana. “La transparencia en las contrataciones sin [medidas] anticorrupción efectivas es igual a impunidad”, aseveró Bohorquez.
8. Banderas rojas y análisis de proveedores: Luego de seis meses de pandemia, no se deben tratar las contrataciones sobre el COVID-19 como contrataciones de emergencia. Los gobiernos ya deberían haber establecido procesos adecuados y competitivos, además de realizar análisis de mercados. Parte de este proceso incluye el análisis de beneficiarios finales y posibles conflictos de interés. “Tengo la impresión de que van tarde en Puerto Rico [para publicar información sobre los contratos asociados a la pandemia]. En México comenzamos en marzo a transparentar los contratos porque sabíamos que si no lo hacíamos desde marzo, íbamos a hacer una autopsia muy tarde”, argumentó Bohorquez.
10. Monitoreo cívico y cobertura periodística: Para poder entender y explicar qué está pasando, la ciudadanía y los medios deben indagar sobre estos asuntos. Bohorquez utilizó la siguiente analogía: “Nadie se pone a dieta por gusto. Todos, cuando decidimos hacer una dieta, lo hacemos por alguna razón que no es necesariamente nuestra enorme voluntad o la disposición. La clase política nunca se va a poner a dieta por gusto. Necesitan una sociedad civil demandante, exigente, técnicamente conocedora y comprometida. Que pueda medir el colesterol y sepa cómo se baja. O que pueda medir exactamente el índice de masa corporal y a partir de eso corregirlo. Por gusto no se van a poner en cintura. Es solo a raíz de la exigencia social”, concluyó.