Una jueza federal le ordenó el viernes al gobierno de Donald Trump que deje de detener a niños inmigrantes en hoteles antes de expulsarlos de Estados Unidos, y afirmó que dicha política soslaya “protecciones humanitarias fundamentales”.
La jueza de distrito Dolly Gee falló que el uso de hoteles como espacios de detención a largo plazo infringe un acuerdo alcanzado hace dos décadas que rige el trato que debe darse a los niños inmigrantes que están bajo custodia del gobierno. Ordenó que las agencias fronterizas dejen de colocar a menores en hoteles a más tardar el 15 de septiembre y que los saquen de allí lo más pronto posible.
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Desde marzo, las agencias de inmigración han expulsado a 148,000 personas que han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México, sustentadas en una declaración de emergencia por la pandemia.
El gobierno de Trump dice que la gente que cruza la frontera sin autorización pone en riesgo la salud pública y debe ser obligada a salir rápidamente del país. Activistas por los derechos de los inmigrantes alegan que el gobierno está utilizando la pandemia como pretexto para evadir las leyes federales contra el tráfico humano y las protecciones a las personas que solicitan asilo.
Para impedir que se les permita quedarse en Estados Unidos, el gobierno de Trump ha llevado a hoteles desde marzo a cuando menos 577 menores de edad que viajan solos, donde permanecen detenidos y luego suelen ser colocados en vuelos de deportación. La mayoría de los menores han sido alojados en hoteles Hampton Inn & Suites, dos de ellos ubicados en Texas y uno en Arizona.
Eso lo hace en lugar de enviarlos a albergues operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), donde los menores reciben servicios legales, educación y la oportunidad de ser colocados con parientes que viven en Estados Unidos. Esas instalaciones operan con autorización de los estados en los que se ubican. Más de 13.000 camas en instalaciones del HHS están vacías actualmente.
Gee le ordena al gobierno de Trump que vuelva a enviar al HHS a los niños que viajan sin familiares, y su fallo también se aplica a los menores que cruzaron la frontera sin autorización con sus padres. Además, le da a los abogados que laboran con jóvenes inmigrantes acceso a los niños que el gobierno intenta expulsar amparándose en la declaración de emergencia. Por otra parte, grupos de defensa legal han demandado a Estados Unidos para impedir completamente las expulsiones de niños inmigrantes.
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El gobierno “no puede argumentar seriamente de buena fe que incumplir su obligación contractual de colocar a menores en programas autorizados es necesario para mitigar la propagación de COVID-19”, escribió Gee.
Los hoteles sí pueden seguirse usando para estadías de una o dos noches cuando se esté viajando de un sitio a otro, agregó.
El Departamento de Justicia no hizo comentarios por el momento, pero abogados del gobierno indicaron que sopesarán apelar.
Contratistas privados en los hoteles vigilan a los niños y familias detenidas las 24 horas, y en general no les permiten salir de sus habitaciones. Familias que han estado detenidas en hoteles le han dicho a The Associated Press que les sirven sus alimentos regularmente, pero que los teléfonos han sido retirados de sus habitaciones.
Un hombre de Haití alegó que, antes de que su familia fuera sacada de su habitación, un contratista les dio hielo a él y a su esposa para que lo tragaran y se lo dieran a su hija pequeña, en caso de que les tomaran la temperatura antes de abordar un avión. Fueron expulsados al país caribeño sin la oportunidad de solicitar asilo.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas rechazó haber utilizado hielo como una medida artificial para enfriar a la gente. Ha dicho que los contratistas de la compañía MVM Inc. son “especialistas en transporte” que “se aseguran de que cada menor permanezca a salvo y esté seguro mientras se encuentra en este alojamiento temporal”.
El gobierno de Trump ha argumentado que Gee carece de la autoridad para suspender el uso de hoteles porque los niños que está expulsando no entran dentro de las estipulaciones de un añejo acuerdo judicial conocido como el acuerdo Flores. Previamente ha apelado varios de los fallos de Gee relacionados con prácticas de detención.
Leecia Welch, una abogada en el National Center for Youth Law (Centro Nacional de Derecho Juvenil), una organización activista, dijo que el fallo es “una sonora victoria para los niños inmigrantes”.
“El intento del gobierno de usar la pandemia como un subterfugio para llevar a cabo su despiadada agenda migratoria infringe claramente el estado de derecho y la decencia humana”, manifestó.
