El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales no consigue respuesta aún sobre cuánto fue el margen de ganancia de la empresa 313 LLC en su negocio de venderle pruebas rápidas de COVID-19 al Departamento de Salud de Puerto Rico por casi $4 millones.
Hace tres semanas, la Cámara de Representantes solicitó al Tribunal de Primera Instancia declarar en desacato al presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo J. Vázquez Hernández porque no ha entregado la información requerida por la Comisión de Salud aún con una orden del tribunal. Sin embargo, el juez Anthony Cuevas que atiende el asunto no ha emitido una determinación sobre la petición del desacato.
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Así mismo, Morales busca la información por otro lado, pero tampoco ha obtenido respuesta. El legislador solicitó al Departamento de Hacienda la información de las facturas de la compra de esas pruebas rápidas por parte de 313 LLC, pues debe constar en el récord de entrada al puerto y el proceso de levantar la mercancía. “Hace dos semanas emití esa comunicación y al día de hoy no he recibido respuesta sobre esa petición”, dijo Morales en entrevista radial (Radio Isla 1320).
“Yo me niego a pensar que un ciudadano puede campear por su respeto y hacerle caso omiso a justicia”, dijo un indignado Morales. “Esto es una información que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, para mi es bien importante para la investigación dónde estamos sobre el margen de ganancia de estas pruebas de 313”, agregó el legislador.
Desde temprano en la pesquisa cameras que culminó con referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente 313 LLC se ha negado a colaborar con el proceso alegando que ya colaboran con autoridades federales.
Tras ausentarse en tres ocasiones, finalmente el presidente de 313 LLC acudió a una de las vistas camera les, pero fue evasivo. Vázquez Hernández, amparado en que se trata de “secretos de negocio”, no quiso responder a qué precio la empresa adquirió las pruebas rápidas a la compañía mexicana Zogen Genética, a pesar de que ha trascendido que las consiguieron por menos de $3. 313 LLC vendió al gobierno 1,500 pruebas por $45, y otras 100,000 a un costo de $36, para un desembolso total de casi $3.7 millones.
El empresario también fue evasivo cuando el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, le inquirió sobre su relación con Juan Maldonado, el abogado que, a nombre de Apex General Contractors, encabezó las negociaciones en otra de las polémicas compras del Departamento de Salud.
“313 objeta la pregunta por no entenderla pertinente para propósitos de la investigación”, fue la respuesta que Vázquez Hernández reiteró en decenas de ocasiones a diversas cuestionamientos de Morales.
Morales le recordó a Vázquez Hernández que fue el incorporador de Alister Mckinley, una compañía que Maldonado creó inicialmente en el estado de la Florida pero que luego registró en la isla.
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Vázquez Hernández, quien se describió como “managing member” de 313 LLC, insistió a lo largo de la vista que se encontraba deponiendo ante la Comisión de Salud en calidad de “representante” de la compañía y no en el ámbito personal.
Vázquez Hernández sí contestó que 313 LLC nunca ha realizado negocios de ninguna índole, con entidades públicas o privadas, aparte de la venta de pruebas rápidas al Departamento de Salud, pese a que la compañía fue incorporada en 2018.
A pesar de ello, la primera orden de compra emitida por el Departamento de Salud, por 1,500 pruebas rápidas, se concretó el 20 de marzo, el mismo día que la agencia estableció comunicación con 313 LLC.
Vázquez Hernández, sin embargo, no quiso responder por qué el 24 de marzo el Departamento de Salud desembolsó el 100% del pago correspondiente por adelantado, aunque la orden de compra disponía que el adelanto fuera de 60%.
Otros socios de 313 LLC son Miguel García, Wilfredo Rodríguez y Juan Suárez Lemus. Vázquez Hernández precisó que los cuatro socios se dividieron las ganancias a partes iguales.
313 LLC ha estado en litigio con el gobierno de Puerto Rico, pues el secretario de Salud, Lorenzo González a su llegada a la agencia se negó a recibir las pruebas y luego ha estado intentando renegociar el precio. En junio, la FDA desautorizó el uso de las pruebas compradas por 313 LLC. Con esta acción, Salud inició gestiones para recobrar el pago a la empresa.
