El Tribunal de Primera Instancia de San Juan concedió al Gobierno de Puerto Rico hasta este lunes para que responda a la demanda que contra el Departamento de Estado (DE) radicó la Fundación Pro Igualdad y Foundation for Progress.
Se trata del recurso legal que alega persecución política por parte del DE por esa dependencia cancelar los Certificados de Incorporación de los demandantes. Ambas entidades donaron $250,000 al Super Pac Salvemos a Puerto Rico, que hacen campaña contra la gobernadora Wanda Vázquez.
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“Se ordena a la parte demandada comparecer por escrito y mostrar causa por la cual no deba expedirse el injunction preliminar solicitado por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 57 de Procedimiento Civil. A tenor con ello, el Tribunal acorta el término que de otro modo tendría la parte demandada para contestar, en atención alas disposiciones de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil. Id. R. 68.2. En consecuencia, se concede a la parte demandada hasta el lunes, 31 de agosto de 2020, a las 3:00 p.m., para comparecer por escrito”, lee la orden del juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti.
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En expresiones previas, el representante legal de las fundaciones, Lcdo. Frank Torres-Viada, expresó: “antes que nada debemos de establecer que el Departamento de Estado canceló el registro de incorporación de estas entidades sin mediar notificación alguna sobre posibles defectos en el proceso de registro, violentando así el debido proceso de ley que protege a todo individuo y entidad legal bajo la Constitución de los Estados Unidos. Este caso no es casualidad, se trata de la cancelación del registro corporativo de dos entidades que (i) donaron a un Comité de Acción Política que ha estado pautando en los medios de comunicación varios anuncios denunciando las fallas en la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y (ii) se querellaron ante el Contralor Electoral alegando violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico. Dicha actuación gubernamental tiene la intención y/o efecto de suprimir de manera ilegal el legítimo ejercicio de libertad de expresión política que ostentan las entidades demandantes, a tenor con el ordenamiento constitucional prevaleciente”.
