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Egipto dice que enjuiciará a 54 millones que no votaron

Unos 63 millones de personas tenían derecho a votar para elegir a 200 de los 300 senadores.

La comisión electoral de Egipto indicó el miércoles que referirá a los fiscales a unos 54 millones de personas que no votaron en los comicios de este mes para elegir a dos tercios del Senado, una cámara que en gran medida carece de poder en el Parlamento del país.

Es improbable que realmente se enjuicie a la gente, pues el sistema judicial en Egipto carece de los medios financieros necesarios para llevar a los tribunales a una cantidad tan grande de votantes.

Unos 63 millones de personas tenían derecho a votar para elegir a 200 de los 300 senadores, pero solamente 8,99 millones — el 14,23% — lo hicieron, de acuerdo con la Autoridad Nacional Electoral. El presidente Abdul Fatá El Sisi escogerá los 100 escaños restantes.

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La votación se llevó a cabo a pesar de la pandemia de coronavirus, pero la comisión dijo que tomó las medidas necesarias para que los votantes pudiesen acudir a las urnas.

Lashin Ibrahim, jefe de la comisión, había prometido hacer cumplir una ley que penaliza a cualquier persona que no acuda a votar con una multa de hasta 500 libras egipcias (32 dólares).

Sin embargo, la población le prestó poca atención a su advertencia, pues en comicios previos se han emitido otras similares, al parecer con el objetivo de alentar la participación y sin que en la práctica haya ninguna consecuencia para quienes no las acaten.

Muchas personas recurrieron a las redes sociales para criticar la decisión, argumentando que es imposible enjuiciar a unos 53 millones de personas. Otras dijeron que eso sólo muestra que el gobierno quiere recaudar dinero por todos los medios posibles.

El escritor Gamal Taha manifestó en Facebook que la amenaza podría hacer enojar al público, toda vez que el Senado sólo desempeña un papel de asesor y carece de poderes legislativos, a diferencia de la Cámara de Representantes.

El gobierno de El-Sissi ha promovido la restauración del Senado, aprobada como parte de enmiendas constitucionales en un referéndum el año pasado para remplazar al Consejo Shura, que fue eliminado por la Constitución de 2014.

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