El líder de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, solicitó por escrito al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, que autorice una sesión de interpelación al secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, en la que se le pueda interrogar, entre otros asuntos, sobre los recientes intentos de atornillar a personal de confianza en puestos de carrera.
Paralelamente, el legislador radicó un proyecto para enmendar la Ley 85 de Reforma Educativa, a los fines de disponer expresamente sobre una serie de puestos de confianza que no podrían ser convertidos en plazas de carrera. La medida sería de carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2020, lo que anularía las convocatorias recientes promulgadas por el Departamento de Educación.
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Este medio publicó el pasado jueves que, entre el 18 y 19 de agosto, la agencia publicó convocatorias para llenar puestos como director ejecutivo de la Docencia, subdirector de Oficina de Presupuesto, director ejecutivo I, director ejecutivo II, auxiliar en Contabilidad II y gerente de operaciones de varias materias académicas. Todos esos puestos, hasta la fecha, eran parte de la estructura de confianza que quedaba a la discreción de cada secretario.
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El reclutamiento para estos puestos que pasan de ser plazas de confianza a permanentes se haría de manera interna, por lo que solo podían solicitar empleados de la rama ejecutiva.
Una fuente de Metro apuntó que el objetivo de estas convocatorias era darle carácter permanente a los empleos del actual personal de confianza de Hernández Pérez.
Hernández Montañez coincidió con la premisa de que ‘atornillar’ al equipo de confianza del secretario impediría una implementación efectiva de la política pública de futuros jefes de la agencia. El secretario, sin embargo, afirma que se trata de puestos que ejercen funciones que necesitan “continuidad”.
Hernández Pérez, además, ha señalado que para los cambios de clasificación en cuestión el Departamento de Educación no tiene que cumplir con la Ley del Empleador Único, que en su artículo 8.4 dispone los mecanismos para convertir plazas de confianza en empleos de carrera.
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En una conferencia de prensa virtual, el portavoz de la minoría popular no descartó acudir a los tribunales como último recurso, en caso de que la agencia siga adelante con las reclasificación de puestos.
El representante, por otro lado, apuntó que es necesario que el Departamento de Educación explique de dónde provendrá el financiamiento para cubrir 1,714 plazas nuevas de psicólogos y enfermeros que se crearían en la agencia. Hernández Montañez reconoció que el reclutamiento de 857 psicólogos y 857 enfermeros es necesario, pero argumentó que los fondos federales que cubrirían parte del gasto no son recurrentes.
Para la posible sesión de interpelación, que se llevaría a cabo como parte de los trabajos de la Comisión cameral de Educación, Arte y Cultura, se necesitaría la autorización de Méndez, por haber concluido en junio la última sesión ordinaria del cuatrienio.
Por el mismo motivo, la consideración del proyecto para enmendar la Ley de Reforma Educativa dependería de que la gobernadora Wanda Vázquez lo incluyera en la agenda de una sesión extraordinaria. Hernández Montañez indicó que le envió una misiva a la mandataria para solicitarle que así lo haga.
El legislador también señaló que el Departamento de Educación debe rendir cuentas sobre las dificultades que han trascendido con relación a la plataforma Microsoft Teams en el comienzo de este semestre, que se lleva a cabo de manera virtual, así como responder a las denuncias de que la agencia está aprovechando la pandemia del Covid-19 para “desmantelar” escuelas.
Hernández Montañez apuntó que padres y maestros de la escuela Maestro Ladín, en Vega Alta “mencionaron la aparente intención de Educación de eliminar el Programa General del plantel sin consultar con la comunidad escolar, lo que ha generado gran indignación”.
