En la tarde de ayer, martes, un grupo representativo de los 10 alcaldes que fueron seleccionados por la Junta de Control Fiscal (JCF) para trabajar sus presupuestos en conjunto, se reunieron con oficiales de dicha entidad federal, en vista de que la imposición de los presupuestos que ideó la Junta son irreales y causarían despidos de servidores públicos municipales y recortes en los servicios a la ciudadanía.
En la reunión, a pesar de lo esperado por los alcaldes, no estuvieron presentes ni el presidente de la JCF, José Carrión III, ni la directora ejecutiva Natalie Jaresko. Del encuentro participaron el primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, licenciado Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, así como los alcaldes novoprogresistas de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri; de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez y de Barranquitas, Elliot Colón Blanco. Además participó el alcalde popular de Quebradillas, Heriberto Vélez y de manera cibernética, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, expresaron los ejecutivos municipales en declaraciones escritas.
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“Los alcaldes nos reunimos la semana pasada en Villalba para ponernos de acuerdo y solicitamos esta reunión a la Junta. Le hemos planteado que el plan piloto presupuestario que presenta el ente fiscal está muy lejos de lo prometido el pasado año. Ni tuvimos asistencia técnica por parte de ellos para preparar los presupuestos, ni tampoco opciones de desarrollo económico. Luego de que nosotros ya trabajamos los presupuestos de este año fiscal 2020-2010 que comenzó el 1 de julio, y a tres meses de las elecciones, la Junta pretende imponer sus números para que los Municipios tengan que reajustar “, aseguró el alcalde Hernández a su salida de la reunión celebrada en las oficinas de la JCF en el edificio Seaborne de Hato Rey.
Por su parte, el alcalde de Orocovis, Colón Berlingeri, declaró a los medios que “les dejamos saber que hay unas incongruencias con los números. Las cifras que presenta el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) están basadas en unos hechos claros, documentados. En cambio, los números que presenta la Junta no sabemos de dónde son. Ya el presupuesto comenzó y esto hay que trabajarlo”.
Hernández añadió que “a diferencia del gobierno central, nosotros los municipios estamos al día con nuestras deudas, con un año de antelación y nos están tratando de manera distinta. Nuestra petición es que se posponga la intención de la Junta, que recapaciten porque esto se está llevando de una manera precipitada. La situación se agrava por la eliminación de la Ley 29, el manejo de la pandemia. Somos municipios con superávit operacional y eso lo hemos logrado con disciplina y buena administración”
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Mientras, el alcalde de Camuy señaló que Carrión III se expresó en los medios en el sentido de que hubiera querido tener mejores puentes de comunicación con los presidentes legislativos “y eso es precisamente es lo que nosotros estamos ofreciendo, dialogar, que se posponga esa imposición presupuestaria. Lo sensato es posponerlo para luego de las elecciones y sentarnos con más detalle”. Con esa apreciación coincidió el alcalde de Barranquitas, “lo que se aplique a nosotros, diez municipios, se le va a imponer a los demás 68 municipios el próximo año. Lo que aceptemos de la Junta en estos momentos, va a afectar al País entero”.
Con relación a detalles adicionales, el alcalde de Quebradillas señaló un ejemplo particular y es la eliminación de beneficios marginales a los empleados municipales y hasta la eliminación del Bono de Navidad. “Nosotros hemos trabajado un presupuesto muy detallado y responsable. Estamos hablando de empleados que trabajan a 7.25 dólares por hora y hemos dispuesto dicha bonificación a fines de año porque lo podemos pagar, planificamos para eso”.
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Uno de los casos más dramáticos es el relacionado al Municipio de Comerío, donde el plan que impone la Junta representa un recorte de más de 40 porciento, dejándolo prácticamente inoperante. “Un municipio donde hay altos índices de pobreza, no se puede condenar a más pobreza tratándolo como los demás. Hay unas particularidades que hay que atender en detalle. Incluso, en la propuesta de la Junta se prohíbe la transferencia de partidas y eso es algo que se hace de ordinario en los Municipios. Por ejemplo, si presupuestamos 50,000 dólares para reparaciones menores en las escuelas públicas y en una situación como la pandemia del COVID-19, donde no hay clases y necesitamos esos fondos para equipo y materiales de salubridad, no podríamos usarlo. Ese es uno de los ejemplos concretos que estamos presentando y que no podemos aceptar”, finalizó Hernández.
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