La propuesta celebración de un plebiscito estadidad sí o no en conjunto con las elecciones del martes, 3 de noviembre de 2020, según dispuesta en la Ley Núm. 51 de 2020 aprobada por la mayoría novoprogresista en la Legislatura y firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, especificaba que el Departamento de Justicia Federal debía expresarse sobre el mismo en o antes del 30 de junio pasado, lo que no ocurrió, y representa que el ente federal ignoró la petición local.
Ante esta situación, en la mañana de hoy lunes se celebró una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra con el presidente de la entidad, el senador Aníbal José Torres y el exgobernador y candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Aníbal Acevedo Vilá. Acompañados de los legisladores José Luis Dalmau, Luis Vega Ramos y Ángel Matos García, el planteamiento presentado al país es que se evidencia sin lugar a dudas que, ante el silencio del Departamento de Justicia Federal y sin contarse con los fondos federales para costear el mal llamado plebiscito, el desembolso de $3.5 millones para la celebración del propuesto plebiscito constituiría un despilfarro innecesario de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, en momentos en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cuenta con los fondos suficientes ni para las primarias del domingo, 9 de agosto de 2020, ni para las elecciones generales.
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“El silencio del Departamento de Justicia Federal ante la intención del PNP de que le certifiquen la papeleta de su plebiscito, evidencia que no hay interés alguno a nivel de Estados Unidos en la celebración de otro evento amañado para atender el tema del status”, aseguró el presidente popular.
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Por su parte, Acevedo Vilá añadió que “para todos los efectos legales el silencio del Departamento de Justicia federal significa un rechazo de pleno a esa papeleta. Dicha Ley 51, en su Artículo 3.1 especifica que el término máximo para la certeza, pureza y garantía de derechos de los electores y para salvaguardar el ejercicio del derecho al voto; el derecho protegido bajo la Enmienda Primera; y los términos legales y constitucionales de Puerto Rico que son requisitos procesales previo a cualquier evento electoral, se considera el 30 de junio de 2020, como la fecha máxima para completar todo trámite, certificación y desembolso relacionado con la realización de este plebiscito. Pasó la fecha y en Washington ni dieron acuse de recibo al PNP”.
Acevedo Vilá señaló además que la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, no pudo lograr que Justicia Federal se interesara en el tema, ya que el Artículo 3.5 de la Ley 51 especifica que tanto Gobernadora, la Comisionada Residente y el Presidente de la CEE, darán seguimiento a la puntual culminación de los trámites dispuestos y mantendrán informados del estatus de estos al Presidente de Estados Unidos; a los presidentes de las cámaras legislativas del Congreso y a los presidentes de las cámaras en la Asamblea Legislativa”.
Por su parte, Dalmau Santiago señaló que es “más que obvio que el propio liderato del PNP sabe que su proyecto de Ley 51 carece de la legitimidad mínima para que sea considerado como algo serio, de manera que los $2.5M en fondos federales separados en la Ley Pública 113-76 de 2014, se requería que Justicia Federal aprobara y validara la papeleta y la campaña educativa, no se logró. De manera que el costo total del plebiscito, de $3.5 millones los terminará pagando usted, ciudadano que me escucha”.
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Finalmente, Acevedo Vilá señaló “a todos los puertorriqueños que de buena fe creen que la estadidad es una alternativa real, deben saber y aceptar que estamos nuevamente ante otro desprestigiado y carísimo plebiscito criollo. Por eso le reclamamos al Presidente de la CEE que certifique de dónde van a salir los $3.5M que se necesitan para llevar a cabo este mal llamado plebiscito. Además, ante el rechazo silente del gobierno federal, exigimos que la Junta de Control Fiscal se exprese claramente si va a validar este malgasto de fondos públicos en un plebiscito que no cumple con la Constitución, leyes y política pública de los Estados Unidos de América”.
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