5 investigaciones pendientes en Justicia que tocan a La Fortaleza

La gobernadora Wanda Vázquez insiste en que el despido de la secretaria de Justicia no tiene que ver con el curso de las investigaciones pendientes en esa agencia, pero tampoco revela las razones para el retiro de la confianza.

Por Aiola Virella

El despido fulminante de la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el pasado viernes en la tarde aún sigue sin explicaciones concretas de la gobernadora, Wanda Vázquez, quien solo ha dicho que hubo razones que ocurrieron que llevaron a retirarle la confianza a la ahora exfuncionaria. La salida de Longo Quiñones se da en momentos en que tenía al menos cinco investigaciones que involucraban en alguna medida a La Fortaleza y en algunos casos hasta la propia Gobernadora.

Repasamos las investigaciones que estaban en el escritorio de Longo y que ahora quedan en manos de Wandymar Burgos Vargas, quien fue nombrada secretaria interina. La abogada viene del área de litigaciones civiles y no de Integridad Pública donde actualmente se manejan las investigaciones que de alguna forma u otra tocan a La Fortaleza.

  1. Investigación sobre el manejo de un almacén de ayuda de emergencia en Ponce

En enero pasado, luego de que ciudadanos se percataran de un almacén lleno de suministros de emergencia en Ponce donde había necesidad de ellos y no se había distribuido ayuda a las personas afectadas por los sismos de inicio de año y que se saliera de control la situación en el lugar; la gobernadora, Wanda Vázquez despidió a varios funcionarios de su gabinete. Los despidos fueron al director del Negociado de Administración de Manejo de Emergencias y Desastres (NAMED), Carlos Acevedo, el secretario de Vivienda, Fernando Gil y la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar. En aquel momento la Gobernadora ordenó una investigación sobre el manejo de los suministros de emergencia al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y en 48 horas ese informe pasó al Departamento de Justicia. Desde que el informe pasó a Justicia, se inició una investigación en la División de Integridad Pública. La exsecretaria, Dennise Longo no accedió a peticiones de prensa y de la Cámara de Representantes sobre acceso al informe del NIE al reclamar que se trataba de un documento del sumario fiscal. Luego de una impugnación judicial a su postura el informe se hizo público, pero no revelaba ningún hallazgo sustancial. Por su defensa para no hacer público el informe y alegaciones ante la Cámara de Representantes, Longo terminó siendo referida a distintas agencias de ley y orden por parte del cuerpo legislativo que entiende la ahora exsecretaria mintió bajo juramento. En la controversia sobre el manejo de los suministros, el exdirector del NAMED, ha dicho públicamente que siguió un plan oficial de desastres y que La Fortaleza tenía conocimiento en todo momento de la existencia del almacén en Ponce. Incluso, Acevedo sostiene que existía una estructura paralela al NAMED desde La Fortaleza para manejar la emergencia y que él no tenía el control de las decisiones diarias, pues fue enviado a estar directamente en las zonas afectadas.

  1. Investigación sobre intervenciones políticas en distribución de ayudas e intervención de La Fortaleza para restituir a funcionaria suspendida en Familia

El despido de la secretaria de Familia, Glorimar Andujar se dio en medio de la controversia por el almacén de Ponce. La gobernadora, Wanda Vázquez dijo que despidió a Andujar porque en una reunión la funcionaria indicó que tienen múltiples centros de acopio y distribución de municipios, pero no pudo dar información sobre dónde estaban esos almacene, ni  si se habían hecho inventarios. "Yo no sé si esto pasaba antes, pero en mi administración no pueden venir con mentiras", dijo Vázquez. Sin embargo, cinco días después salió a relucir un correo electrónico que ponía en entredicho la versión de la Gobernadora. Se supo que Andjar había iniciado una investigación interna sobre la intervención de figuras políticas en la distribución de ayudas en las zonas afectadas por los sismos y que como parte del proceso había suspendido a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y Familia (ADSEF), Surima Quiñones. Desde La Fortaleza, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón envió un correo electrónico a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar para que revirtiera la destitución. Al no revertirla, Andújar fue despedida.

Ante esa información, el representante popular, Rafael “Tatito” Hernández radicó una querella contra la Gobernadora en Justicia y otras entidades investigativas. “El abrupto despido de Andújar destapó un aparente esquema para beneficiar políticamente a varios funcionarios electos que han endosado públicamente a la gobernadora Vázquez para su reelección a la gobernación en las próximas elecciones”, dijo el legislador en aquel entonces.

En una vista pública en febrero pasado, Longo confirmó que de esa querella se generó una investigación por separado en la División de Integridad Pública.

Tan reciente como la semana pasada, Andujar planteó en una entrevista con Radio Isla que su despido fue en represalia a la investigación que había iniciado. “Yo no tuve nada que ver con ese almacén de Ponce y así se confirma (con los referidos de la Cámara de Representantes sobre el asunto del almacén de Ponce). La única discrepancia fue la relacionada con esos suministros de ADSEF y las acciones que tomé al respecto que pues lamentablemente entiendo que fue en lo que desencadenó en mi remoción del puesto, pero me fui con la satisfacción de un trabajo bien hecho”, dijo la funcionaria despedida por Vázquez.

Te recordamos este episodio del podcast Con Los Editores

Investigación sobre compra de pruebas COVID-19 en el Gobierno

Aunque la Cámara de Representantes hizo una investigación sobre alegaciones de irregularidades en los procesos de compras relacionadas a la emergencia de salud pública con el COVID-19 que no refirió a Justicia por falta de confianza, la agencia sí desarrolla su propia pesquisa desde la División de Integridad Pública. En este caso, la despedida secretaria Longo estaba inhibida porque su madre, Concepción Quiñones de Longo fue secretaria interina en el Departamento de Salud durante la emergencia e hizo serias imputaciones contra La Fortaleza al renunciar al cargo. La gobernadora, Wanda Vázquez caracterizó a la doctora Quiñones de Longo como una persona mendaz.

Al menos la investigación de la Cámara de Representantes concluyó con referidos a múltiples figuras ligadas a La Fortaleza, incluyendo al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle y la subsecretaria Lillian Sánchez, así como el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez. De la investigación en Justicia no ha trascendido nada.

Investigación sobre el chat de Telegram

Luego de una controversia con el Panel del Fiscal Especial Independiente por deficiencias que señaló ese organismo al referido del Departamento de Justicia sobre los implicados en el chat de Telegram que culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, Longo anunció que retomaría la pesquisa en áreas fuera de jurisdicción del panel. “Con respecto a los contratistas y aquellos funcionarios del Gobierno que no participaron en el WRF Chat y fueron referidos por conductas relacionadas con respecto a los cuales el Panel decidió no ejercer jurisdicción, ya que el Panel ha determinado que el referido no incluía información alguna con respecto a estos asuntos, nos proponemos solicitar los casos sean devueltos en unión a la evidencia documental sometida en 37 cajas de contratos gubernamentales evaluados”, expuso Longo el 14 de febrero pasado.

Violación al Toque de Queda en la sede del PNP

Una querella del representante popular, Luis Vega Ramos dio paso a otra investigación en el Departamento de Justicia sobre actuaciones que involucran directamente a la gobernadora, Wanda Vázquez. En este caso se trata de la posible violación a la Orden Ejecutiva emitida por la propia Vázquez cuando se inauguró la nueva sede del Partido Nuevo Progresista el pasado 17 de mayo sin observar medidas de distanciamiento social y en medio de un lockdown.

Según Vega Ramos, la ahora exsecretaria de Justicia le informó mediante carta enviada electrónicamente que el fiscal de Distrito de San Juan, Víctor Carbonell, está a cargo de la investigación de su querella.

Wanda Vázquez defiende inauguración de comité PNP suministrada

De hecho, Vega Ramos ayer le exigió públicamente a Longo, “que confirme o niegue expresamente si la gobernadora Wanda Vázquez Garcéd intentó influir en el curso de varias investigaciones criminales contra su gobierno".

“Lo que se señala como razón para el despido fulminante de Longo Quiñones es exactamente lo que hizo el Presidente Nixon con el fiscal especial que investigaba Watergate. Fue lo que hizo el gobernador Romero Barceló con los Secretarios de Justicia, Héctor Reichard y Carmen Rita Vélez Borrás cuando la investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla. Se parece a lo que el gobernador Luis Fortuño hizo con la entonces fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez cuando las imputaciones del New York Times y mías sobre donativos ilegales a la campaña del entonces comisionado residente de la empresa Aveta y el cabildero Bob Torricelli. Es, precisamente, lo que está haciendo el Presidente Trump con los fiscales federales que procesaron a sus colaboradores de campaña y los que investigaban sus relaciones sospechosas con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. El delito más peligroso en una democracia es cuando un primer ejecutivo usa su poder para descarrilar investigaciones criminales en su contra. La licenciada Longo Quiñones tiene un deber moral con el país de aclarar si esto ocurrió o no”, dijo Vega Ramos.

“No puede olvidarse que la gobernadora fue acusada por la OPFEI de influir, como Secretaria de Justicia, en una investigación criminal en la que su hija era la víctima. Esto hace esencial aclarar la situación", dijo el Representante.

El legislador adelantó que se propone solicitar al Presidente de la Cámara, Carlos Méndez Nuñez, a que use sus facultades reglamentarias en este tiempo que no hay sesión legislativa para ordenar a la Comisión de lo Jurídico a investigar. “Aquí parece que dos investigaciones de la Cámara y una denuncia formal hecha por unos de sus miembros, fueron los detonantes del despido. La Cámara tiene el deber de vindicar y proteger su rol fiscalizador”, concluyó Vega Ramos.

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