Un examen realizado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), encontró irregularidades y alteraciones en los sistemas de un Centro de Servicios al Conductor (CESCO), por parte de un exdirector quien pudo haber utilizado su posición para, expedir, renovar licencias de conducir y tarjetas de identificación sin los documentos requeridos y sin el pago de derechos, alterar los documentos sometidos y eliminar multas sin efectuar el pago correspondiente.
La evaluación realizada a los documentos, y la información recopilada durante el examen, es relevante, significativa y suficiente para fundamentar las posibles irregularidades, por lo que se realizó un referido al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.
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El examen se realizó conforme a los poderes y facultades que le confiere la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.
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Del informe se desprende que preliminarmente un funcionario gubernamental, del CESCO del municipio de Utuado, emitió un comunicado al director ejecutivo de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), en el que denunció que el exdirector del CESCO de ese pueblo, facilitó servicios a los contribuyentes excluyendo disposiciones reglamentarias y directrices de la agencia.
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Se alegó que el exdirector del CESCO, trató de borrar información para omitir datos y de ese modo, expedir las licencias o documentos aún, cuando no cumplían con los requisitos.
Referido a Justicia y a la Oficina de Ética
Conforme a la prueba que obra en el expediente, el exdirector del CESCO pudo haber cometido, entre otras, posibles violaciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, delitos tipificados en Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y a la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, por lo que la OIG realiza los respectivos referidos.
Asimismo, la OIG expuso que no es la primera ocasión en que se conoce de posibles irregularidades por parte de funcionarios que trabajan con transacciones de servicios en los centros de servicio al conductor. Por lo que la OIG, recomendó al secretario del DTOP a que se realice un análisis exhaustivo de los sistemas de información que permita fortalecer los accesos y registro de las transacciones que realizan por parte los empleados o personas autorizadas.
El recaudo de fondos a través de los centros DISCO, son parte de las fuentes de ingreso al erario y es necesario garantizar que los empleados trabajen bajo los más altos parámetros de controles internos, indicó la OIG.
Por existir referidos a otros entes y salvaguardar el proceso, no es posible abundar en mayores detalles, agregaron.
La OIG también hizo un llamado a que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones del ejecutivo, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.
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