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Cuesta arriba querellas contra la gobernadora por programa de WIPR

Wanda Vázquez tiene ante su consideración una resolución que, de firmarla, la exonera de los señalamientos ante la Junta Examinadora de Anuncios

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Las querellas presentadas ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced por los partidos de minoría por alegado uso de fondos públicos para promover su imagen en programas sobre el Covid-19, podrían enfrentar varias trabas, a juicio de un funcionario de ese organismo.

Gerardo De Jesús, oficial examinador del Partido Popular Democrático (PPD) en la JEA –dependencia adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)–, sostuvo que la evaluación de las querellas no procede en este momento debido a que la ley requiere que las audiencias se realicen de forma presencial, lo que no es posible por el cierre de oficinas gubernamentales durante la emergencia por el coronavirus.

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La JEA tendría que traer a consideración la posibilidad de realizar las audiencias de forma remota, explicó De Jesús, quien expresó que ayer mismo llevaría su preocupación a los demás miembros del organismo.

De otro lado, una resolución conjunta de la Cámara que espera por la firma de la primera ejecutiva la podría eximir de responder a las querellas presentadas ayer por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Se trata de la resolución 657 que exime a las agencias de gobierno, municipios y las Ramas Legislativa y Judicial de solicitar autorización a la Junta de Anuncios o tener que cumplir con las disposiciones del Código Electoral en pautas o anuncios relacionados al Covid-19, desde el 15 de marzo hasta que termine la emergencia.

“Si la gobernadora firma la resolución conjunta, firma su propio perdón y se inmuniza de la querella. Esa resolución le quita la jurisdicción a la Comisión y no podría actuar sobre ella”, expresó De Jesús en entrevista con Metro.

Si Vázquez Garced no firma la resolución y se determina que hubo alguna violación, la Ley dispone una multa de $5,000 por la primera violación hasta $25,000 por violaciones subsiguientes.

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Las querellas radicadas por el PPD y el PIP contra la gobernadora se relacionan al programa de WIPR en el que no pueden participar periodistas, y en el que se discuten asuntos relacionados a la emergencia en la isla por el  Covid-19 .

Contra la gobernadora se habían presentado previamente dos querellas, recordó De Jesús, por un video relacionado a los terremotos del sur y por la creación de cuentas de Facebook e Instagram.

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