El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, presentó una querella contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA), por el alegado uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa.
La querella cuestiona el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), para supuestamente controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el COVID-19 y presuntamente para realzar la imagen de Vázquez Garced como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
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“El programa especial que llevó a cabo la gobernadora fue un montaje pagado con fondos públicos en el cual se excluyó a representantes de la prensa y permitió a la gobernadora diseminar el mensaje de su administración sin que se le cuestionara a fondo lo discutido. La gobernadora se aprovechó del poder que le faculta la Ley y su puesto para utilizar fondos y propiedad pública en beneficio personal y de su aspiración en el PNP”, acusó Merle en declaraciones escritas.
“Radicamos la querella porque es responsabilidad de esta Junta detener este tipo de acción”, agregó.
Según Merle, tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional al acceso a la información en poder del Estado.
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“Lo que se objeta, como carente de legalidad en nuestro ordenamiento, es que la gobernadora use las emisoras públicas de radio y televisión para difundir un mensaje controlado, acomodaticio, que la beneficia y sin la posibilidad de cuestionamientos o de exigencias de aclaraciones.
Todo esto en medio de serios cuestionamientos de corrupción en el manejo de los asuntos relacionados al COVID-19, levantados, precisamente, por la prensa del país y en clara violación de lo estipulado en el Código Electoral de Puerto Rico”, precisó el comisionado electoral.
Explicó que la querella establece que la gobernadora violó las disposiciones del Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21.
Merle sostuvo que la emergencia no puede ser una excusa para violentar y socavar disposiciones de ley que rigen el estado de derecho. Dijo además que solicitó a la JEA que ordene a la querellada desistir de inmediato de la conducta descrita y que se impongan las sanciones que correspondan.
