El Tribunal Federal sentenció hoy a Isoel Sánchez y a Crystal Robles a 10 meses y cuatro meses en prisión, respectivamente, por su participación en un esquema de fraude en la Legislatura —también conocido como el caso de ’empleados fantasmas’—.
Además, el juez Francisco Besosa determinó que ambos acusados deberán cumplir tres años de libertad supervisada una vez cumplan el periodo de cárcel y deberán pagar $13,650. Sánchez y Robles se declararon culpables por el delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal retiró los restantes 17 cargos que pesaban contra Sánchez y Robles.
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Sánchez, Robles y Ángel Figueroa —quien fungió como director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado— originalmente fueron acusados en mayo de 2019 por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad. Sánchez y Robles también fueron acusados se les imputó conspirar para cometer lavado de dinero, fraude electrónico y mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales.
Durante la vista, el juez Besosa leyó una moción en la que el abogado de Sánchez, Jason González, trajo a colación que el pueblo de Puerto Rico realmente está “molesto” con el Senado y con líderes como Thomas Rivera Schatz. Incluso, según el documento, el público realmente apunta al presidente del Senado como un co-conspirador que no ha sido acusado. Según la moción, el público además señala que la Fiscalía federal no acusó a Rivera Schatz por tratarse de un alto funcionario público.
En sala, González se negó a que se leyera dicha moción ya que podría tener repercusiones en la seguridad de Sánchez. El fiscal federal Timothy Henwood negó hacer comentarios en sala sobre la moción de González y mencionó que las autoridades federales no emiten declaraciones sobre ninguna investigación.
A su vez, durante el procedimiento, trascendió que Sánchez violentó los términos de su probatoria luego de que abordó a un testigo del Gran Jurado. González rechazó que Sánchez tuviera conocimiento de la identidad de los testigos que declararon ante el Gran Jurado. Sin embargo, Henwood tildó de “ridículo” el argumento de González ya que los nombres de los testigos estaban en los documentos del descubrimiento de prueba.
Asimismo, Henwood reveló que las autoridades federales entrevistaron a Sánchez sobre otras personas que pudieran haber estado involucradas en este esquema, pero que dichas conversaciones no culminaron en un acuerdo de “cooperación sustancial” para efectos de la sentencia. “Quizá el acusado tenía miedo de hablar sobre ciertos individuos”, declaró el fiscal federal durante la vista de sentencia.
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Por otra parte, la abogada de Robles, Melanie Carrillo, cuestionó la sentencia que le fijó el juez Besosa a la imputada y la catalogó como “excesiva”. La letrada aseguró que una sentencia de cuatro meses en prisión “tiene unas consecuencias serias” sobre el estado emocional de Robles.
De acuerdo con la acusación federal, el esquema se centró en la facturación y cobro de por trabajo contractual que no fue realizado por los imputados. Sánchez y Robles aparecían como representantes de una empresa de asesoría legislativa y también fungían como propietarios de un establecimiento de crepas en Humacao.
