Rosa Emilia Rodríguez integra Consejo Asesor para manejo fondos federales para Vivienda

El exjuez federal José Fusté también forma parte del comité

Por Manuel Guillama Capella

La exjefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez y el exjuez federal José Fusté forman parte de un comité creado por la gobernadora Wanda Vázquez que supervisará y asesorará sobre el manejo de fondos del programa de subvención en bloque para desarrollo comunitario (CDBG, en inglés).

Según Vázquez, el comité tendrá a cargo adoptar un “plan integral” que agilizaría el acceso tanto a los fondos del programa regular CDBG como a los del programa de fondos de recuperación (CDBG-DR).

“Resulta imprescindible crear un plan integral de vivienda que coordine satisfactoriamente todos los programas federales de vivienda, incluyendo los CDBG y que se maximice su utilidad sobre la calidad de vida de los puertorriqueños y la recuperación de Puerto Rico. Para poder alcanzar ese objetivo y continuar cumpliendo con las metas establecidas respecto a la recuperación de Puerto Rico, urge una colaboración exitosa entre el Departamento de Vivienda, los municipios y las entidades comunitarias”, señaló la mandataria.

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En Puerto Rico, los fondos del programa CDBG-DR son administrados por el Departamento de la Vivienda, al igual que los fondos regulares de CDBG destinados a los municipios con menos de 50,000 habitantes. Los municipios con población superior se consideran ‘entitled’ por el gobierno federal, y tienen acceso directo al programa de CDBG.

Sin embargo, Vázquez no teme que la creación del llamado Consejo Asesor para el Manejo de Programas Federales Destinados a la Vivienda implique represente una capa adicional de burocracia, en momentos en que el gobierno federal se apresta a designar al almirante Peter Brown como coordinador de la recuperación tras el huracán María.

“No habría duplicidad. El Departamento de la Vivienda sigue teniendo responsabilidad. Lo importante es que son personas que han trabajado en procesos anteriores de competencia, de que se haga de la manera correcta y de que nosotros podamos impartir la credibilidad, continuar con la credibilidad que hemos llevado al gobierno federal que ha permitido que en menos de seis meses baje el ‘agreement’ (acuerdo) que se venía esperando por mucho tiempo”, dijo Vázquez, en alusión a las condiciones que le darían a Puerto Rico acceso a más de $8,200 millones en fondos CDBG asignados por el Congreso a inicios del año pasado.

El comité, creado mediante orden ejecutiva, lo completan la licenciada Nilsa Añeses, el secretario designado del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, y el asesor de Asuntos Municipales de Fortaleza, Luis Roberto Rivera Cruz. Se informó que los miembros no recibirán paga, y que los trabajos del comité no requerirán de ninguna asignación presupuestaria.

La mandataria negó que el comité se haya conformado a insistencias del gobierno federal, o a consecuencia de la designación de Brown.

“Puedo adelantar que entre las funciones que van a tener son delinear, en unión al Departamento de la Vivienda, un plan de trabajo, tener autoridad para solicitar todo lo relacionado al uso, manejo y distribución de los fondos, asegurar la implementación correcta del plan integral, establecer grupos de trabajo para atender problemas específicos de transparencia en la implementación (y) rendirle cuentas a la ciudadanía sobre la implementación del plan integral”, enumeró la gobernadora.

Con la corrupción en la mira

A preguntas de la prensa, la exfiscal Rodríguez descartó que el comité surja como respuesta a incidentes de corrupción relacionados al dinero destinado para proyectos de vivienda, sino que es una iniciativa “proactiva”.

“Estamos haciendo la lucha contra la corrupción antes que ocurra. Todos sabemos lo que hay en Puerto Rico, el amiguismo, el panismo, te doy este contrato y tú me das esto otro…Esperamos que nuestro comité pueda evitar un sinnúmero de casos de corrupción”, sostuvo Rodríguez.

En tanto, Fusté, quien fue juez presidente del Tribunal Federal en la isla, afirmó que para cumplir con las funciones que se le asignará al comité no es necesario ser experto en el uso de fondos CDBG.

“El asunto de la corrupción en Puerto Rico no es de ahora, lleva décadas. Y nosotros, Rosa Emilia, la licenciada Añeses y este servidor, hemos vivido con el monstruo, lo hemos visto, hemos participado, lo hemos tocado y sabemos lo que hay. Hemos tenido amplia exposición a ese problema y sabemos de qué pata cojean estas cosas. Vamos a tratar de evitar por todos los medios que (la corrupción) pase”, dijo el exjuez.

El Congreso federal ha asignado sobre $20,000 millones en fondos CDBG-DR para atender el proceso de recuperación luego del huracán María. Sin embargo, el gobierno apenas ha tenido acceso a poco más de $1,500 millones.

En pasados días, la Cámara de Representantes federal presentó un proyecto que otorgaría a la isla sobre $4,000 millones en fondos CDBG-DR para atender la emergencia provocada por los terremotos al sur de Puerto Rico.

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