Jurado declara culpable a exalcalde de Gurabo

Por un cargo de soborno.

Por Metro Puerto Rico

Después de un juicio con jurado de cuatro días, Víctor M. Ortiz-Díaz, también conocido como "Manolito", ex alcalde del municipio de Gurabo, Puerto Rico, fue declarado culpable de un cargo de soborno, anunció el fiscal de los Estados Unidos W. Stephen Muldrow. El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Jay A. Garcia-Gregory, presidió el juicio. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estuvo a cargo de la investigación.

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Según la acusación, en o alrededor de octubre de 2012, el Municipio de Gurabo debía a la Compañía A pagos por ocho facturas pendientes por el trabajo realizado en el municipio. La persona A, copropietaria de la Compañía A, se reunió con el alcalde Ortiz-Díaz para discutir la deuda pendiente. El alcalde solicitó $ 125,000 de la Persona A para invertir en un proyecto de antena de telecomunicaciones. Debido a que la Compañía A no tenía el dinero para pagar los $ 125,000, el alcalde le dijo a la Persona A que le pediría al municipio que pagara a la compañía. Con este dinero, la Compañía A podría cubrir el "préstamo" a Ortiz-Díaz, así como pagar otras deudas que le debía a sus proveedores.

El 19 de octubre de 2012, la Persona A emitió tres cheques de la Compañía A con fecha posterior pagaderos a tres personas diferentes, que eran empleados de Miguel Merced. Merced fue la persona que organizó el esquema de inversión en telecomunicaciones en el que Ortiz-Díaz invirtió los tres cheques por un total de $ 125,000. En esa misma fecha, el Municipio de Gurabo emitió dos cheques por un total de $ 196,643.26 pagaderos a la Compañía A por la contratación de trabajos realizados.
Sin que él lo supiera, Ortiz-Díaz usó el dinero que le extorsionó a la Persona A en lo que resultó ser un esquema Ponzi dirigido por Merced, quien recientemente concluyó una sentencia de prisión de seis años. El jurado absolvió a Ortiz-Díaz del cargo de extorsión pendiente contra él.
Este caso fue investigado por el FBI y HUD-OIG, y fue procesado por el fiscal adjunto Scott Anderson. El acusado enfrenta una sentencia de hasta 10 años en prisión. La sentencia está programada para el 2 de julio de 2020.

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