La secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se expresó el martes, durante la vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, donde se discutió el proyecto de ley para Regular el Inventario de SAFE Kits, Proyecto del Senado Número 1350.
Longo Quiñones, mediante su ponencia escrita, reseñó que “a la fecha, se ha logrado la evaluación de 1,854 casos relacionados a evidencia forense recopilada en “SAFE kits” que se encontraban almacenados en el Negociado de Ciencias Forenses hasta el 30 de diciembre de 2018. Se logró certificar que estos 1,854 “SAFE kits” contaban con un número de querella policíaca asignado y, utilizando el servicio de dos fiscales y cuatro agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico destacados al Negociado de Ciencias Forenses, se confirmó que 779 de dichos “SAFE kits” se debían evaluar para promover la procesabilidad de los casos en los cuales dicha evidencia científica fue recopilada”.
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Esta serie de datos demuestra los esfuerzos y logros de esta administración, bajo la dirección de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en sus funciones como secretaria del Departamento de Justicia, para atender el retraso en la evaluación y análisis de los “SAFE kits.” En el mes de octubre de 2018, el Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública y los Negociados de Ciencias Forenses y del Negociado de la Policía de Puerto Rico tuvieron a bien implementar un proyecto piloto para subsanar el atraso en el procesamiento en el análisis de los “SAFE kits”.
Como resultado de la evaluación del grupo de trabajo y la consulta directa de este grupo de trabajo con los fiscales en las trece jurisdicciones, se confirmó la relación de los “SAFE kits” a casos pendientes, y se coordinó el envío de los “SAFE kits” a BODE Technology Group (BODE). BODE es un laboratorio especializado en pruebas avanzadas de ADN e investigación genealógica localizado en Virginia y contratado por el Departamento de Seguridad Pública para realizar la evaluación de los “SAFE kits”.
Se enviaron, además, 3 cartas solicitando la asistencia al Federal Bureau of Investigations (FBI) para el análisis de “SAFE kits” en casos que podrían ser procesados por las autoridades federales, en coordinación con el Departamento de Justicia. Se estima que el análisis por parte de BODE tomará entre doce (12) a dieciocho (18) meses. La evaluación de éstos 779 “SAFE kits” equivale a más del 60 por ciento de los “SAFE kits” con número de querella bajo custodia del Negociado de Ciencias Forenses que se habían recopilado hasta finales del 2018.
Para el año 2019 se han recibido 96 “SAFE kits” como resultado de querellas policiacas y de la evidencia enviada al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (“CAVV”), los cuales ya el Negociado de Ciencias Forenses notificó al Departamento de Justicia para el curso de acción correspondiente. Al momento, de los 96 “SAFE kits” recibidos en el 2019, 23 “SAFE kits” han sido evaluados y utilizados en casos radicados en las jurisdicciones judiciales de Aguadilla, Bayamón, Guayama, Mayagüez y Utuado. De estos 23 casos, tres (3) “SAFE kits” fueron identificados como evidencia en casos que resultaron en convicciones en las jurisdicciones de Bayamón y San Juan, y 10 “SAFE kits” han sido enviados a BODE para evaluación. En estos momentos no existe atraso en los casos recibidos para analizar en el 2019, todos los “SAFE kits” han sido identificados y enviados a las fiscalías para procesamiento.
El Proyecto del Senado 1350 bajo evaluación propone instituir un nuevo estatuto, cuyo fin es establecer regulaciones y el procedimiento que deben seguir las agencias concernidas en torno a la tenencia, recolección, análisis y disposición de los “SAFE kits”. Como propósito, se señala el establecer un procedimiento diligente y efectivo para recopilar y analizar evidencia de agresión sexual recogida en estos “SAFE kits”, de manera que se corrija la dilación existente en el análisis de los mismos y el esclarecimiento y procesamiento de los casos criminales asociados a la prueba recolectada. El Departamento de Justicia propuso enmiendas para su adopción.
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Longo Quiñones expuso en su escrito que “en el Departamento de Justicia reconocemos que el delito de agresión sexual es uno de los delitos más terribles y ofensivos y que constituye una de las formas más dramáticas y reprochables de la violación de la dignidad del ser humano.” La titular de Justicia reafirmó su compromiso al expresar que “nuestros fiscales estarán trabajando de la mano con el personal del Negociado de Ciencias Forenses y el Negociado de la Policía de Puerto Rico para atender con prontitud estos casos”.
