La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy que envió cuatro medidas de Administración para la consideración de la Asamblea Legislativa, entre las que se destaca la Ley de Responsabilidad de Emisión de Deuda, que impondrá restricciones para la emisión de deuda futura.
Las otras tres medidas disponen: la fusión del Banco de Desarrollo Económico en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda; enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal; y eliminar el término de Procurador de Asuntos de Menores para dar uniformidad a la figura del fiscal.
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Ante el anuncio de la radicación del Plan de Ajuste por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, la gobernadora presentó la “Ley de Responsabilidad en Emisión de Deuda”. Esta Ley establecerá una Política de Administración que regirá en toda emisión de deuda futura. La política pública que persigue el proyecto fue discutida con los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
“Ante la posibilidad y necesidad de que el Gobierno pronto vuelva a entrar a los mercados de capital y cónsonos con nuestra política pública, esta ley establece unos procesos uniformes y responsables para la emisión de cualquier deuda futura”, expresó Vázquez Garced.
El proyecto impone restricciones para la emisión de deuda futura, tales como solo permitir que se emita deuda a largo plazo para mejoras de capital, que no se emita deuda que venza posterior a 30 años y que toda deuda comience a amortizar principal dentro de los dos años de su emisión.
De igual forma, la gobernadora envió legislación que fusiona al Banco de Desarrollo Económico (BDE) en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). Esta entidad será la que financiará y promoverá los sectores empresariales, comerciales y de desarrollo de vivienda de interés social.
“Con esta ley, promovemos un gobierno más eficiente y ágil, centralizando en una sola entidad gubernamental una fuente de financiamiento para el sector privado y de vivienda. Tal y como ha sido la política pública de nuestra administración, esta fusión no conlleva despidos de empleados públicos”, indicó la primera ejecutiva.
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Por otro lado, la gobernadora también envió dos proyectos dirigidos a atender la situación de seguridad pública de la isla.
En primer lugar, la enmienda de la Regla 185(c) de Procedimiento Criminal busca permitirle al Ministerio Público solicitar que se modifique la pena de una persona convicta cuando ésta coopere o ayude en una investigación o procesamiento criminal.
En la actualidad, las reglas solo permiten que se pueda modificar a menos de la mitad de la pena establecida. Con la enmienda, se permitiría que el tribunal pueda exceder del 50%, cuando la circunstancias así lo ameriten, como ocurre en otras jurisdicciones en Estados Unidos.
Las enmiendas salvaguardan los derechos de las víctimas y testigos de delito, tanto del testigo cooperador como de las víctimas del delito por el cual cumple condena el cooperador. Esto redundará en un mayor esclarecimiento de los casos. Las concesiones deberán ser avaladas por la Oficina de la Jefa de Fiscales y en consulta con la Secretaria de Justicia.
La gobernadora indicó que “esta enmienda promueve dotar al Ministerio Público de mayores recursos a la hora de obtener la cooperación de un testigo, para poder aumentar las posibilidades de esclarecer delitos. Estos testigos tienen en ocasiones información muy valiosa que ayuda a que se haga justicia a las víctimas de delito”.
Esta herramienta ha resultado muy útil en el esclarecimiento de casos en los procesos que persigue la fiscalía federal y otros estados de Estados Unidos.
Finalmente, la gobernadora envió legislación que busca elevar a rango de ley la integración administrativa que el Departamento de Justicia llevó a cabo, consolidando el puesto de Procurador de Asuntos de Menores en la figura del Fiscal, para poder contar con mayores recursos en la lucha contra la criminalidad.
“Mientras me desempeñé como Secretaria de Justicia, promoví esta iniciativa, para poder maximizar todos los recursos disponibles para promover la lucha contra el crimen. Los procuradores de menores son profesionales de primer orden, que están en posición de atender la carga de los fiscales”, puntualizó la Gobernadora.
La ley también aumenta de 12 a 16 años el término de nombramiento de los fiscales y procuradores, con miras a promover la carrera del Ministerio Público.
“Desde que asumí las riendas de Puerto Rico, me he enfocado en restablecer la credibilidad de la isla y establecer una política pública de transparencia a lo largo del Gobierno. En menos de 3 meses, hemos logrado estabilizar el aparato gubernamental y estamos en posición de continuar promoviendo nuestro plan de gobierno con la presentación de estas medidas”, expresó Vázquez Garced.
“Invito a los miembros de la Asamblea Legislativa a evaluar con premura y responsabilidad estos proyectos de Ley. Confío que los mismos serán prontamente aprobadas y convertidas en ley, para el bienestar de los puertorriqueños. Agradezco a los presidentes legislativos por su apertura en la evaluación de estos proyectos”, concluyó la Primera Ejecutiva.
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