El presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico (SBU), José Tirado García exigió que de forma inmediata se desembolsen los $5 millones que fueron asignados al Negociado de Bomberos de PR y que se obtuvieron tras una demanda que llevó la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) contra la Compañía Volkswagen, que fabrica la mayoría de los motores que se utilizan en los camiones bomba tanto en EE.UU y PR; por la violación ambiental en la emisión de gases.
Dichos fondos fueron asignados al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de PR y aún no han sido desembolsados. Estos fondos están depositados desde hace dos años en las arcas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y aún no se han otorgado para la compra de camiones, aseguraron.
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La EPA ordenó sustituir 69 camiones existentes ya que están altamente deteriorados; y otros que tienen que ser reemplazados por la alta emisión de gases contaminantes regulados por la agencia.
El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBU) denunció hoy la crisis de Recursos Humanos, falta de equipo, uniformes y deterioro en las facilidades del Cuerpo de Bomberos que a su vez limitan y ponen en riesgo la protección que viene obligada la agencia a prestar al pueblo de P.R. Con más de 467 puestos entre bomberos y personal civil que hacen falta.
“Se hace imposible con los ya limitados recursos llevarle la seguridad en la extinción de incendios y otras calamidades que puedan ocurrir en el país”, según denunció José Tirado, presidente del Sindicato.
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El líder sindical indicó que para el año pasado 2018 y lo que va de este año, han renunciado a la agencia 60 bomberos que han dejado la agencia buscando nuevo porvenir debido a los pobres salarios, recortes en las pensiones, en los beneficios y la inseguridad que existe en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Además, denunció, una deficiente administración pública en la agencia, aún cuando se han tenido los recursos no se logra materializar y/u obtener los materiales y equipo que se necesitan en la agencia.
Asimismo, aseguraron que la administración del Albert Cruz Albarrán, Comisionado del CPPR junto al exsecretario de Seguridad Pública del DSP, Héctor Pesquera y a su sucesor Elmer Román, no han podido comprar y cumplir con la ley distribuyéndole a todos los bomberos, sus uniformes, en violación al convenio colectivo. Aún cuando las aseguradoras que cubrían las propiedades del Cuerpo de Bomberos para casos de huracanes, pagó por lo daños sufridos a los edificios de la agencia cerca de $4.5 millones. El Cuerpo de Bomberos solo ha hecho una sola subasta, para la estación de Barceloneta; lo que mantiene a otras facilidades como Carolina, Culebra, el edificio central y decenas de estaciones en grave deterioro, denunció Tirado García.
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Por otra parte, dijo Tirado, “que aún cuando Héctor Pesquera y Cruz Albarrán se comprometieron ante la Junta de Control Fiscal de otorgar la permanencia, a los 39 bomberos del Programa Federal que fueron transferidos como transitorios, a la agencia tampoco le han otorgado sus cartas para colocarlos como empleados permanentes de este Negociado”, sostuvo Tirado.
Gestiones
El SBU, ha realizado múltiples gestiones con las miras a obtener una reunión con el secretario Elmer Román, hemos enviado decenas de correos electrónicos y comunicaciones (anejos al comunicado de prensa) y aún no hemos recibido respuesta alguna, demostrando la ignorancia, dejadez o falta de respeto por la Ley 45. Dicha ley otorga la representación única de los Bomberos de PR al SUB.
A juicio del líder sindical, la situación en el Negociado del Cuerpo de Bomberos se ha agravado desde que se constituyó la Ley 20 del 2017, cuando se unieron los siete negociados bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad, creando así un ente burocrático, que ha llevado a todos sus negociados a la quiebra económica, gerencial y administrativa por lo que dicha ley se debe derogar. “Comprobado está que este Departamento, no ha podido cumplir con la ley para lo que fue creado y lo que ha hecho es agravar la situación administrativa de estas dependencias y un gasto adicional en alquiler de oficinas, compra de vehículos, teléfonos, ayudantes, secretarias que antes de creado el mismo no existían”.
Piden se haga pública investigación
El DSP ni siquiera ha podido cumplir, con el Artículo 9.2 de la Ley 20; que dispone que OGP emita una certificación al gobernador y a la Asamblea Legislativa que incluya las economías, si alguna, tras la consolidación de las 7 agencias. “No quieren hacerlo porque no desean que se conozca la verdad sobre este departamento. Es el momento, que la Legislatura, reevalúe esta agencia y derogue la Ley 20 del 2017 y se le devuelva la autonomía administrativa a dichas agencias”, enfatizó Tirado.
También Tirado solicitó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside Henry Neumann, que haga pública la investigación que llevó a cabo por orden de una Resolución (necesitan escribir el número de la resolución) sobre la situación y la falta de equipo y personal del CBPR de manera que se tomen medidas para resolver esta crisis.
