PPD inicia investigación de posible fraude en transacción electoral de Gigi Fernández

Fernández no ejerce su derecho al voto en Puerto Rico desde el 1992, asegura el comisionado electoral popular

Por Cybernews

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Lind Merle Feliciano, denunció el viernes, que tan reciente como el el jueves, Gigi Fernández, quien no es residente de Puerto Rico, solicitó en la Junta de Inscripción Permanente localizada en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) una tarjeta electoral para participar en el proceso democrático de las elecciones generales 2020, por lo que inició una investigación sobre esta transacción electoral.

“Como es de conocimiento público, Fernández no reside en Puerto Rico hace muchos años. En consideración a lo anterior, solicito una investigación sobre la posibilidad de la comisión de un fraude electoral. El Partido Popular Democrático se opone a la inscripción de todo aquel que no tenga su domicilio en Puerto Rico”, precisó Merle Feliciano en comunicación escrita.

Cuestionan inscripción electoral de Gigi Fernández

El PIP impugnará la acción de la tenista, quien ayer sacó su tarjeta electoral en puerto Rico.

Conforme a los Registros Electorales, Fernández no ejerce su derecho al voto en Puerto Rico desde el 1992. El Código Electoral del 2011, según enmendado establece que para votar en Puerto Rico es necesario cumplir con ser ciudadano de los Estados Unidos y debe estar domiciliado legalmente en la jurisdicción de Puerto Rico.

“En los medios noticiosos la señora Fernández manifestó que reside en la Florida en unión a su familia y que tiene su negocio en ese estado. Además, mencionó que no visita la isla hace más de 17 meses, que la razón de sus visitas esporádicas eran para mantenerse al tanto de la salud de su padre, quien lamentablemente falleció. De ser esto correcto, la Sra. Fernández está inhabilitada de participar en las próximas elecciones del 2020”, manifestó el comisionado electoral del PPD.

La sección 2.2 del Reglamento para el trámite de recusaciones establece que “en los casos en donde se demuestre que la información suministrada por el elector en la transacción es ilegal o fraudulenta se podrá recusar en cualquier momento”.

“La decisión sobre el futuro político, económico y social debe estar en manos de los domiciliados de nuestro país porque son a éstos los que le afecta la misma” finalizó Merle Feliciano.

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