Junta delineará política de gasto junto con el Gobierno

Aunque el ente creado por la Ley Promesa incluye la política en el plan de ajuste delineará algunos detalles junto con el Gobierno

Por Miladys Soto

La Junta de Control Fiscal (JCF) delineará junto con el Gobierno parte de la política de gestión de deuda que se incluye en el plan de ajuste recién radicado en el Tribunal Federal, informó la miembro del ente creado por la Ley Promesa, Ana Matosantos.

"En general el plan de ajuste habla de ir en esta dirección de asegurar varias cosas, que la deuda emitida en el futuro sea a 30 años, que no se emitida a largo plazo, que se esté usando, no para pagar gastos recurrentes pero sí para pagar infraestructura, mejoras capitales como autopistas, cosas como proyectos que van a durar por mucho tiempo, que cuando se reestructure la deuda la reestructuración no sea para someter las cosas a largo plazo, sino que sea para tener ahorros y menos obligaciones, y básicamente tiene el límite que hay hoy día en la Constitución y provee una póliza más limitada", detalló Matosantos a preguntas de Metro.

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En entrevista con Metro, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, explicó de qué consta dicha política. "Hay una política de gestión de la deuda en el documento. Puerto Rico llega a este punto porque… los gobiernos en el pasado tomaron prestado con demasiada frecuencia, a veces no para los fines correctos probablemente. Esta política de gestión de la deuda establece  cómo podemos pedir prestado en el futuro para que nunca vuelva a suceder. Solo puede pedir prestado para gastos de capital, no para operar, solo puede pedir prestado para financiar si solo causa un flujo de efectivo. Aclaramos los parámetros sobre el porcentaje de deuda con sus ingresos fiscales, de modo que ningún gobierno en el futuro pueda volver a poner a Puerto Rico en esta posición", sentenció la portavoz del grupo creado por la Ley Promesa.

El plan de ajuste propuesto propuesto reestructurará $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados; y más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones.

 

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