El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino defendió la resolución conjunta que permite el desembolso de $1,400 millones en contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación del Sistema 2000, esto luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) enviara una carta la pasada semana en la que critica que el Gobierno atendiera el asunto de forma aislada.
“La Resolución Conjunta de la Cámara 513 es una ley simple que (a) autoriza el depósito de $ 1.4 mil millones de fondos no asignados en la tesorería del estado en una cuenta fiduciaria, (b) requiere que dichos fondos estén separados de todos los demás fondos del Gobierno de Puerto Rico u otras cuentas de fideicomiso de jubilación, (c) y requiere que dichos fondos se mantengan en dicha cuenta de fideicomiso hasta que los términos y condiciones para su transferencia a participantes elegibles se establezcan de acuerdo con la ley aplicable. El Gobierno de Puerto Rico no tiene la intención de “gastar” o disponer de dichos fondos de otra manera que no sea como se indica a continuación”, indicó Sobrino en una comunicación escrita.
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Además, el también Principal Oficial Financiero del Gobierno aseguró que el depósito de estas cuentas fiduciarias en las condiciones establecidas por la Junta de Retiro de Puerto Rico en virtud de la Ley 106-2017 garantizará la disponibilidad y protección de dichos fondos. En su carta, la JCF criticó que el Gobierno realizara la medida fuera del Sistema 2000.
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“Desafortunadamente, en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta de Supervisión y Servidores Públicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer $1.4 millones en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de más dos años de su mandato, el gobernador ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Título III”, indicaron.
Mientras, Sobrino manifestó que “el ejercicio de los poderes legislativos a través de la aprobación de proyectos de ley es un sello distintivo de la forma republicana de gobierno y nos oponemos a que la Junta de Supervisión enturbie lo mismo como un mero “enfoque ad hoc”. Si bien es cierto que PROMESA establece en su lenguaje que la Junta de Supervisión puede prevenir una legislación estatal inconsistente, la Junta de Supervisión no debe presumir que todas sus cartas o comunicados de prensa tengan el mismo efecto legal”.
Además, el funcionario agregó que el Gobierno de Puerto Rico ha expresado su rechazo a cualquier potencial acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que pudiera perjudicar las pensiones públicas.
