Junta de Control critica que Rosselló presente medida de retiro fuera del Título III

La pasada semana Servidores Públicos Unidos anunció el acuerdo con el ente creado por la Ley Promesa

Por Metro Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal (JCF) criticó que el gobernador Ricardo Rosselló decidiera presentar una resolución conjunta para restituir $1,400 millones de las aportaciones individuales del sistema de Retiro 2000 y no lo hiciera dentro del Título III de la Ley Promesa.

"Desafortunadamente, en vez de apoyar el acuerdo entre la Junta de Supervisión y Servidores Públicos Unidos/AFSCME -que incluye reponer $1.4 millones en contribuciones de los empleados al Sistema 2000 como parte del plan de ajuste del gobierno-, luego de más dos años de su mandato, el gobernador ha optado por atender estas reclamaciones de forma aislada y fuera del Título III", expuso la JCF en una comunicación escrita.

Por otro lado, aprobaron las expresiones del primer ejecutivo sobre el manejo de ese fondo en el pasado. "Le damos la bienvenida a las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en cuanto a que el manejo inapropiado de las aportaciones que hicieron empleados gubernamentales al fondo de Sistema 2000 tiene que corregirse", indicaron.

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"La deuda de Puerto Rico, tanto la de obligaciones de pensiones sin financiamiento y la deuda a los bonistas, debe ser reestructurada y resuelta de forma integrada como parte del plan de ajuste bajo el Título III. El Tribunal provee la mejor y única oportunidad para proteger a los retirados actuales y futuros, luego de las prácticas irresponsables de pasadas administraciones con respecto al tema de pensiones", agregó la Junta.

Mientras, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME se mostró satisfecho de que Rosselló "avalara" el acuerdo que se presentó la pasada semana.

“Estamos muy contentos de que nuestro acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal haya logrado acción afirmativa por parte del Ejecutivo con respecto a los dineros que nuestros compañeros servidores públicos habían desembolsado a su retiro 2000 y que el Gobierno había utilizado para otros fines. No debemos olvidar que a pesar de que existe la Ley 106-2017 que obligada al Gobierno a crear cuentas individualizadas desde el 2017, éstas nunca se crearon. Como recordaran en el 2018 nuestra unión SPU tuvo que demandar al Gobierno en la Corte Federal de Quiebras exigiendo la creación de estas cuentas y el deposito del dinero aportado por los servidores públicos en sus cuentas. Pero no es hasta hoy, luego que SPU anunciara los acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal, que el Gobierno por fin reacciona y hace este anuncio,” sentenció Annette González, presidenta de SPU.

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