El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, contestó a la Junta de Control Fiscal (JCF) la carta que emitiera el ente creado por la Ley Promesa esta semana, en la que desautoriza varias resoluciones conjuntas aprobadas por la Asamblea Legislativa y el gobernador Ricardo Rosselló.
“En la Carta, usted argumenta que las Resoluciones Conjuntas son anticipadas e inválidas porque los fondos o gastos contemplados en dichas Resoluciones Conjuntas no están contemplados en el Presupuesto Certificado para los Años Fiscales 2018 o 2019, ni fueron aprobados por la Junta de Supervisión Financiera y Administración para Puerto Rico. Para respaldar esta afirmación, usted cita el lenguaje del Tribunal de Distrito de los EE. UU. y hace referencia al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos”, expuso el funcionario.
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De igual forma, Sobrino expuso que “las resoluciones conjuntas son actos legislativos del gobierno de igual naturaleza que una ley y aprobados mediante el mismo proceso legislativo.1 Por lo tanto, la Sección 204 de PROMESA controla el proceso de revisión de las Resoluciones Conjuntas. Las disposiciones de cumplimiento del presupuesto bajo la Sección 203 de PROMESA son completamente inaplicables al presente asunto y, en cualquier caso, la Junta de Supervisión carece de jurisdicción bajo la Sección 203 para invalidar cualquier acto legislativo”.
Sobrino también argumentó que como las Resoluciones Conjuntas no buscan reprogramar ninguna cantidad provista en un presupuesto certificado, la norma de revisión aplicable se establece en la Sección 204 (a) de PROMESA.
Finalmente, el director ejecutivo de la AAFAF expuso que las 24 resoluciones conjuntas “son un ejercicio válido de los poderes políticos y gubernamentales del Gobierno de conformidad con la legislación vigente y no están sujetos a ninguna revisión adicional”.
La carta de la Junta
Ayer la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que advirtió que pueden ejercer su poder de “corregir” cualquier gasto que se haya hecho que no esté incluido en el presupuesto certificado para el año fiscal 2018-2019.
En la carta, la funcionaria precisa que el gobierno recientemente presentó a la JCF varias Resoluciones Conjuntas con el propósito de autorizar más de 30 millones de dólares en gastos, pero ninguna de las asignaciones o reprogramaciones contenidas en estas Resoluciones Conjuntas está contemplada por el presupuesto certificado para el Estado Libre Asociado para el año fiscal 2018-2019, ni fueron aprobados por el ente federal.
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