El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston desestimó una demanda de los presidentes camerales Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez que cuestionaba la autoridad concedida bajo la Ley Promesa para que la Junta de Control Fiscal (JCF) desarrollara y certificara un Plan Fiscal, así como el presupuesto de la isla.
De esta forma, Boston confirma la desestimación que emitió el año pasado la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.
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En una opinión se establece que “el Tribunal de distrito desestimó la demanda, en parte por falta de jurisdicción en la materia y por falta de declarar una reclamación”.
Los presidentes del Senado y la Cámara demandaron con el propósito de que la corte estableciera que el ente federal sobrepasó los poderes otorgados por Promesa y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes en el gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.
En la demanda Rivera Schatz y Méndez indican que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso “no le otorgó a la JSF el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JCF considere que tal cambio es conveniente”.
El documento, además, hace referencia a una reciente decisión del mismo Tribunal con sede en Boston que estableció que los siete miembros de la Junta fueron nombrados en violación a la clausula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.
Tal como indica dicha decisión emitida el 15 de febrero, el Tribunal señaló que aunque los miembros de la junta fueron nombrados inconstitucionalmente, las acciones que han tomado están cobijadas por la Ley y son válidas.
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