SANT JOAN DE VILATORRADA, España (AP) — Las autoridades españolas trasladaron el viernes a nueve políticos y activistas de cárceles en Cataluña a Madrid, antes de un esperado juicio por el papel que desempeñaron en un intento por separarse de España.
Según un funcionario judicial, el Tribunal Supremo dispuso que el juicio de los 12 acusados, tres de los cuales gozan de libertad bajo fianza, comience el 12 de febrero.
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Partidarios de la secesión se concentraron a primera hora del viernes en las puertas de tres cárceles en Cataluña de donde salieron las caravanas de autos policiales que transportaban a los acusados: siete hombres y dos mujeres.
Algunos activistas se tendieron en la calle para tratar de detener los vehículos, pero la policía los retiró rápidamente, como se vio en escenas transmitidas por la televisión.
Se prevé que el juicio durará tres meses, según el funcionario judicial. Los acusados podrían quedar encarcelados durante décadas si son declarados culpables de rebelión, el cargo más grave de los que enfrentan. También podrían ser multados si se les halla culpables de malversar fondos públicos.
Sus abogados dicen que deben ser absueltos.
El “juicio del siglo”, como lo llama la prensa local, ha adquirido una gran importancia política. Los separatistas han dicho claramente que aprovecharán el proceso para demostrar que se les juzga por sus ideas y en particular por promover la secesión.
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Las audiencias serán públicas y televisadas.
Las acusaciones derivan de la profunda crisis política provocada por los dramáticos sucesos de 2017, cuando los separatistas realizaron un referendo por la independencia de la próspera región del noreste el 1 de octubre a pesar de la violenta represión policial.
A esto siguió una declaración unilateral de independencia por parte del legislativo catalán 26 días después, que no recibió reconocimiento internacional.
El tribunal dijo que se llamará a declarar a miembros del gobierno conservador español de la época, entre ellos el entonces presidente de gobierno Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, así como otros ministros, legisladores y funcionarios tanto españoles como catalanes.
El presidente regional catalán Quim Torra apoyó públicamente a los separatistas.
En declaraciones en inglés y catalán, Torra exhortó a las instituciones europeas a apoyar a los 12 acusados, señalando que “no se cometió crimen alguno” porque solo ejercían sus derechos democráticos. Pidió al gobierno del presidente Pedro Sánchez que negocie la autodeterminación de Cataluña.
Sánchez ha dicho que está dispuesto a ampliar los poderes autonómicos de Cataluña, pero que la Constitución no admite la secesión.
La vocera del gobierno Isabel Celaa dijo a Torra que debe medir sus palabras y permitir el acercamiento de las partes.
Además de la fiscalía y la abogacía del estado, el partido más a la derecha del espectro político español se ha personado como acusación popular, una figura que permite el sistema judicial español. El partido, Vox, quiere demostrar a través del juicio y antes de las elecciones locales y europeas de mayo su línea dura contra el nacionalismo catalán y su defensa de la unidad de España.
Varios políticos, policías y funcionarios electos serán juzgados en tribunales inferiores por sus papeles en el intento secesionista.
El presidente catalán de la época, Carles Puigdemont, hace campaña por la independencia desde Bélgica, donde ha podido evitar la extradición a España. El tribunal español ha denegado el pedido de Puigdemont de declarar mediante videoconferencia.
Entre los presos se encuentran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el activista Jordi Sánchez y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Los nueve fueron reunidos en Brians 2, una penitenciaría 40 kilómetros al oeste de Barcelona, donde la Guardia Civil española se hizo cargo y los escoltó en una caravana a dos cárceles en Madrid.
Las autoridades penitenciarias del ministerio del Interior dijeron que se mantenían en secreto otros detalles del operativo por razones de seguridad.
