Ciudadanos no favorecen acuerdo Cofina ante la jueza Swain

La jueza Laura Taylor Swain decidirá hoy si ratifica o no la propuesta del acuerdo

Por David Cordero Mercado

La vista en la que la jueza Laura Taylor Swain decidirá si ratifica el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) continuó hoy jueves, en el Tribunal Federal en Hato Rey, con la presentación de los argumentos en contra de varios representantes de la ciudadanía puertorriqueña y bonistas juniors.

"Estoy aquí porque la gente de Puerto Rico ya ha tenido suficiente. En esta audiencia nos representamos a nosotros mismos, porque nadie está dispuesto ha representarnos como pretende nuestra democracia”, apuntó Rafaela Esteves, en representación del pueblo de Puerto Rico.

En su ponencia, la puertorriqueña denunció el hecho de que la propuesta del acuerdo fue aprobada por la Asamblea Legislativa liderada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en noviembre de 2018, sin que se celebraran vistas públicas sobre la medida ni se permitiera hacer comentarios por parte de la ciudadanía.

"Queremos una voz y queremos dar a conocer la angustia pública por este acuerdo de Cofina y sus efectos dominó", denunció, al tiempo que afirmó que los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico no estuvieron representados en las negociaciones del acuerdo.

Dirigiéndose a la jueza Swain, Esteves sostuvo que si ratifica dicho plan, estaría "condenando" a los puertorriqueños a un pago por 40 años que pondría en peligro los servicios básicos a la ciudadanía. La boricua, criada en el Bronx y residente de Puerto Rico, también manifestó que el acuerdo viola el Artículo 2 de la Sección VI de la Constitución de Puerto Rico.

En la vista también depuso el representante independiente Manuel Natal Albelo, quien fue el único político de la Asamblea Legislativa que se dirigió a la jueza durante la audiencia.

"Creo que es necesario para usted entender el dolor y el sufrimiento que mi país ya ha pasado para satisfacer los reclamos de los que apoyan este plan", manifestó el representante, quien instó a la jueza a no ratificar el acuerdo.

"Los individuos e instituciones financieras representadas por estos abogados no han experimentado el ‘dolor’ que ha tenido la gente de Puerto Rico por más de una década para pagar nuestros servicios de deuda incluyendo Cofina y cumplir con políticas de austeridad primeros propuestas por los mismos intereses económicos representados hoy aquí ”, apuntó el legislador. Natal también cuestionó la legalidad de la ley que autoriza la reestructuración de Cofina y sostuvo que la forma en que fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1837 violó el debido proceso legislativo.

Por su parte, Luis José Torres Asencio, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, argumentó que ningún resultado judicial puede resultar de un proceso que aprueba un plan de reestructuración de deuda sin examinar su propia legalidad y sin la participación de quienes se verán afectados por el acuerdo.

Asimismo, el licenciado sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) no cumplieron con su obligación de velar por los mejores intereses de la ciudadanía en las negociaciones. Reiteró la necesidad de que se realice una auditoría pública de la deuda para examinar su legalidad e ilegalidad y argumentó que "Cofina sobrepasó los límites de la Constitución" y violó las cláusulas sobre balance presupuestario.

¿Qué dice el Artículo II de la Sección VI de la Constitución de Puerto Rico?

El Artículo II de la Sección VI establece que "ninguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de (i) el monto del principal de e intereses sobre dichos bonos y pagarés, junto con el monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en circulación, pagaderos en cualquier año económico".

También añade: "Y (ii) cualesquiera cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el año económico inmediatamente anterior al año económico corriente en concepto de principal e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas mediante bonos o pagarés garantizadas por el Estado Libre Asociado, excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas en el Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos inmediatamente anteriores al año económico corriente".

Ayer, durante el primer día de audiencia, la jueza escuchó los argumentos a favor del acuerdo por parte de la representación legal de la JCF, de la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina y del Gobierno de Puerto Rico.

En las pasadas semanas, economistas y expertos han manifestado que el acuerdo de deuda de Cofina avalado por el Gobierno de Puerto Rico, laJCF y la mayoría de los bonistas que se verían beneficiados, no es más que un espiral que, en el fondo, mantendría a la isla sumida en una crisis económica y social.

“En los detalles es donde el diablo mete la cola”, apuntó el economista Martín Guzmán, quien hace un año exactamente presentó en Puerto Rico un estudio comisionado por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) sobre la sostenibilidad de la deuda pública, junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann.

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