Hoy, finalmente, la jueza Laura Taylor Swain decidirá si ratifica el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
“No hay decisión que pueda reconciliar todas las preocupaciones de los sectores”, así indicó la jueza Swain al iniciar ayer la vista en el Tribunal Federal en Hato Rey.
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Durante la audiencia, la jueza escuchó los argumentos a favor del acuerdo por parte de la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF), de la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina y del Gobierno de Puerto Rico.
Mientras que, en sala, también objetaron el acuerdo varias entidades, entre ellas PROSOL-Utier, que representa a empleados públicos y jubilados. Además, durante la vista, la jueza Swain escuchó testimonios de la ciudadanía en torno a cómo les afectaría el plan de ajuste de Cofina.
Por su parte, el representante legal de la JCF, Brian Rosen, aseguró ante la jueza que el acuerdo de Cofina garantiza que la isla pueda continuar su paso hacia la recuperación. Tildó el acuerdo de “justo y razonable” y que, por tanto, debía ser aprobado por la jueza en sala. El letrado expuso, además, que con este acuerdo se evitarán años de litigación y que el Gobierno local tendrá más dinero a su disposición.
El plan contempla el pago de la deuda de Cofina durante los próximos 40 años y se proyecta que los pagos anuales comenzarían en $420 millones en 2019 y aumentarían hasta alcanzar los casi $993 millones anuales entre 2041 y 2058. Antes del pacto, la deuda de Cofina ascendía a los $17.6 billones, cifra que se reduciría a $12 billones con el acuerdo.
Según la Junta y el Gobierno, el acuerdo provee para una reducción de más de 32 % en la deuda de Cofina, y estiman que implicará $17.5 billones en ahorros en el servicio de deuda para Puerto Rico.
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No obstante, el representante legal de PROSOL-UTIER, Rolando Emmanuelli, rechazó la razonabilidad del acuerdo de Cofina. El letrado sostuvo que, contrario a lo establecido por Rosen, el convenio no representa el mejor interés de la isla.
Agregó que los proponentes del acuerdo no tomaron en consideración ningún tipo de análisis o evidencia económica de la razonabilidad del acuerdo de Cofina.
Para sustentar su postura, presentaron ante el Tribunal un estudio realizado por el economista José Alameda. El informe cataloga el plan de ajuste como “incierto” y “poco fiable”.
Sin embargo, la jueza determinó que PROSOL-UTIER no tenía legitimación activa para objetar el plan de ajuste. Esto, entre otras cosas, implicó que la organización no podría presentar evidencia ni interrogar a los testigos durante el procedimiento legal.
La jueza apoyó el reclamo de la representación legal de la JCF, en cuanto a que PROSOL-UTIER no tiene un interés pecuniario en la deuda de Cofina.
Objeta la ciudadanía
Durante la audiencia, la jueza Swain permitió que los ciudadanos se expresaran en torno al plan. Eva Prados, portavoz el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, objetó el plan de Cofina debido a la ilegitimidad de esta entidad. “Este acuerdo legaliza lo ilegal”, precisó.
Otros siete ciudadanos también rechazaron el acuerdo de Cofina. Mientras que la ciudadana Adriana Irizarry —quien invirtió en los bonos de Cofina— fue la única en apoyar el plan. Consideró “injusto” que no reciba nada luego de confiar en los bonos de la entidad gubernamental.
Bonistas impugnan mediación
Por su parte, el grupo de bonistas GMS Group denunció en sala que los bonistas juniors no estuvieron debidamente representados en el proceso de mediación ordenado por Swain.
Según el plan, los bonistas seniors recobrarían el 93 % mientras que los juniors obtendrían el 56 % de su acreencia.
