La Unión de Abogadas y Abogados de Servicios Legales (UASL) paralizará las labores de ese gremio mañana martes, 8 de enero, en esa corporación, ante la supuesta negativa de la administración de firmar un convenio colectivo justo a pesar de que el patrono ha aceptado que esa decisión no está atada a problemas económicos.
El paro llevará a la matrícula de la Unión, unos 75 abogados, a manifestarse en frente a las oficinas de la administración en la #526 Avenida Sagrado Corazón en Santurce a las 12:00 p.m.
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Para negociar el convenio colectivo, la administradora de SL, Hadassa Santini Colberg, mantiene la contratación de un abogado patronal y un bufete que la representan en la mesa de negociación y ante la Junta de Relaciones del Trabajo, respectivamente.
La administración paga honorarios a los contratados de Servicios Legales, “mientras pretende despojar a los abogados unionados de los derechos reconocidos mediante convenio por más de 25 años. Propone reducirle sus ingresos mientras aumenta la jornada laboral”.
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Según los propios libros financieros de la SLPR, hasta agosto de 2018, la corporación había pagado $77,000 en gastos legales.
“El pasado 14 de diciembre, en nuestra Asamblea Anual se aprobó la celebración de un paro el martes 8 día en que reiniciamos nuestras labores después del periodo navideño. El patrono nos recibe con más intransigencia al insistir en extender la agonía de no tener convenio. Mientras, los asesores legales sangran el presupuesto del bufete de los pobres”, dijo el licenciado Manuel López Gay, presidente de la UASL.
La UASL propuso desde el primer día en que se inició la discusión en torno al nuevo convenio colectivo que venció en junio, que se firmara un contrato idéntico al existente que tendría vigencia por los próximos tres años.
Entre otros asuntos, la Unión denuncia que la administración de SLPR “unilateralmente, de forma caprichosa y sin justificación económica, nos han eliminado el bono de $750 y nos han reducido a 5% el bono de navidad, disminuyendo sustancialmente nuestros ingresos; sustituir los bonos por “bonos de productividad” que la gerencia en el futuro determinará los criterios para su otorgación; despojar a los unionados de todos los derechos negociados en el convenio colectivo, incluyendo la reducción de las licencias por vacaciones, enfermedad y el horario flexible: aumentar el salario de reclutamiento, sin hacerle justicia salarial a los abogados que ya laboran para Servicios Legales y reducir sustancialmente la aportación al plan médico”.
