El acuerdo de Brexit, negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, vuelve esta semana al parlamento británico.
A menos de tres meses de la fecha fatídica, el 29 de marzo, en la que Reino Unido debe salir de la Unión Europea, el país siguen sin ratificar un acuerdo que le permita hacerlo de forma ordenada, evitando un Brexit brutal que tendría caóticas consecuencias.
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La Cámara de los Comunes debía votar el texto el 11 de diciembre, pero ante la evidencia de que se encaminaba a un estrepitoso fracaso, May anuló la sesión de ratificación en el último minuto y afirmó que pediría nuevas garantías a sus socios europeos para tranquilizar a los diputados.
Emprendió así una gira por varias capitales del continente antes de una cumbre en Bruselas de la que no logró sacar nada.
Cuatro semanas después, el Parlamento debe reanudar el debate antes del histórico voto previsto para la próxima semana. Y aunque no parece haber obtenido absolutamente ningún cambio de la UE, May se esforzará por convencer a los diputados de que no entierren el acuerdo.
“Si no se aprueba el acuerdo (…) nos encontraremos en un terreno desconocido (…). No creo que nadie pueda decir exactamente qué pasaría”, advirtió May el domingo.
Por si acaso, el ejecutivo está acelerando los preparativos para un eventual Brexit sin acuerdo: el lunes se ensayó la utilización de un aeropuerto abandonado de Kent, en el sur de Inglaterra, como aparcamiento para un centenar de camiones, en un intento de descongestionar los monstruosos atascos en los puertos de la zona que podría provocar el restablecimiento de controles aduaneros.
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Persisten los “problemas fundamentales”
Los defensores de una salida neta de la Unión Europea consideran que el acuerdo negociado con Bruselas hace concesiones inaceptables a los otros 27 miembros del bloque y no respeta los deseos del 52 % de británicos que en 2016 votaron en referéndum a favor del Brexit.
Su bestia negra es el denominado “backstop”, un mecanismo ideado para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, susceptible de debilitar el Acuerdo de Paz de 1998.
El “backstop” solo debería entrar en vigor si no se encuentra una solución mejor en el marco de la futura relación que ambas partes deben negociar durante el periodo de transición, previsto hasta finales de 2020 pero prolongable dos años más.
Aún así, el ala más dura del Partido Conservador de May teme que acabe manteniendo a Reino Unido indefinidamente atrapado en las redes europeas. Y el pequeño partido norirlandés DUP, de cuyo apoyo clave depende la primera ministra para gobernar, se sigue oponiendo a que la provincia tenga un trato diferente al del resto del país.
*Con información de AFP
