Opinión: Saturado de imputaciones falsas en juicio sobre el agua

Lea la opinión de Alejandro Figueroa

Por Alejandro Figueroa

La discusión sobre el tema del cargamento de botellas de agua que permanecen almacenadas en la pista del aeropuerto José Aponte de la Torre de Ceiba ha acaparado gran parte del tiempo y espacio que dedican los medios a los asuntos gubernamentales. Desgraciadamente, como en muchos otros asuntos, las imputaciones se hacen sin tener la totalidad de los hechos de frente. Se lanzan insinuaciones incompletas o incorrectas y se llega a conclusiones que nada tienen que ver con lo ocurrido. El problema principal con esta forma de proceder es que se induce a error a aquel que no tiene acceso a toda la información y utiliza los medios para mantenerse al tanto de lo que ocurre en la isla. De esta manera, se crean falsas impresiones, se tergiversa la realidad y hasta se destrozan reputaciones, daños que, en muchas ocasiones, son irreversibles.

En el caso específico del cargamento de agua, estos son los hechos, según hemos podido constatar al examinar la totalidad de la información vertida públicamente:

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1. El agua no fue recibida por el Gobierno de Puerto Rico para repartir durante la emergencia tras el paso del huracán María, ya que estaba bajo el control y la custodia exclusiva de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

2. No fue hasta abril de 2018 que el Gobierno federal notificó públicamente, por medio de la Administración de Servicios Generales del gobierno federal (GSA), que dicho cargamento era inventario excedente disponible para que, tanto agencias estatales como federales, pudieran solicitarlo.

3. Ante el anuncio, la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico (ASG) presentó la solicitud para lograr obtener control del cargamento y a finales del mes de abril se le notificó la adjudicación a dicha agencia.

4. Previo a la adjudicación del excedente a ASG, FEMA había movido el inventario a las pistas que controla exclusivamente el Gobierno Federal en la base Roosevelt Roads en Ceiba, por lo cual el Gobierno de Puerto Rico no fue el responsable de la movilización de las aguas al área expuesta al sol ni logró acceso a estas hasta el mes de mayo, momento en que FEMA le brindó acceso limitado al área de almacenamiento.

5. En el mes de mayo, luego de obtener la autorización de FEMA, el Gobierno de Puerto Rico coordinó e implementó el plan de movilización de la mercancía y se comenzó la entrega a varios municipios y agencias, incluidos Barceloneta, Lares, San Sebastián y Yauco. Las entregas realizadas entre los meses de mayo y agosto totalizaron unas 732 paletas.

6. Para sorpresa del Gobierno, una vez realizadas las entregas, se comenzaron a recibir quejas de varios municipios y de otras entidades gubernamentales sobre el mal olor y sabor del agua. Ante esta realidad, se decidió paralizar la entrega para, entre otras cosas, hacerle pruebas y solicitar la intervención del Gobierno federal en aras de determinar cómo se debía proceder.

Cuando se evalúa el tema con detenimiento con TODOS los hechos, se puede concluir que el Gobierno estatal procedió de manera responsable y, a su vez, que muchas de las conclusiones a las que se han llegado y el juicio que se ha pasado sobre este asunto ha estado errado y/o “saturado” de malas intenciones para inducir a la ciudadanía a error.  Tanto en la solicitud del cargamento, una vez declarado excedente por FEMA, como en el manejo para su distribución a través de la isla, como en la determinación de paralizar la entrega ante las interrogantes que surgieron en cuanto al sabor y olor del producto, el gobernador Rosselló y su equipo actuaron de manera diligente y responsable.

Ahora bien, habría que hacerse las siguientes preguntas para poder pasar juicio sobre la totalidad del asunto, adjudicar responsabilidades y evitar que algo como esto vuelva a suceder.

Si FEMA tenía el cargamento de agua disponible durante los meses en que la necesidad provocada por la emergencia estaba en su pico, ¿por qué no se ocupo de distribuirla de manera oportuna? En la medida que se le hizo imposible distribuirla, ¿debió FEMA declararla como excedente antes de abril de 2018? En la medida en que la declaró excedente, y conociendo el efecto que tiene el almacenamiento a la intemperie, ¿debió tener la mercancía en almacenes adecuados hasta su recogido para su repartición? Una vez contestadas dichas preguntas el lector podrá pasar su propio juicio.

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