Justo el día en que se vence el plazo que estableció la Junta de Control Fiscal (JCF) para que la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) entregue su plan fiscal con las enmiendas que solicitó, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) protestó hoy en la Administración Central de dicha institución, en contra de las medidas que el ente federal busca establecer en el primer centro docente del país.
“Entendemos que si la Junta de Gobierno se va a comportar como hasta el momento, que ha sido en contra de la defensa de la UPR y aceptando las imposiciones de la Junta de Control Fiscal, aún cuando nosotros como institución no estamos en quiebra, pues obviamente complacerán sus reclamos”, afirmó Jannell Marina Santana Andino, presidenta de la Heend.
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La JCF emitió el pasado jueves tres cartas al gobernador Ricardo Rosselló en las que señala violaciones a los planes fiscales de la UPR, así como de COFINA y el Gobierno Central. La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, estableció el 7 de septiembre como fecha límite para la entrega de las correcciones de los tres planes fiscales. Luego de la entrega de la carta, Santana Andino indicó que la JG ha mantenido silencio respecto a si acogerá o no las enmiendas que propone la Junta de Control.
“La Junta de Control Fiscal sabe muy bien que hacer todo esto es destruir la Universidad. Con sus intereses privatizadores, la Junta ha vuelto a emprender su odio contra la Universidad y lo que proponen es insostenible. Advertimos que no le vamos a permitir a la Junta de Control Fiscal destruir la educaci´øn universitaria pública de Puerto Rico. Se van a enfrentar a la oposición contundente de la comunidad universitaria”, afirmó Jannell Marina Santana Andino, presidenta de la Heend.
“Cero comunicación, no solo con nosotros, con la comunidad universitaria completa, es un reclamo de toda la comunidad universitaria”, sostuvo en declaraciones a Metro. “El plan del 20 de agosto nosotros no lo habíamos visto, nadie de la comunidad universitaria lo había visto, fue un plan trabajado en total hermetismo, así que entendemos que así mismo se está trabajando el plan que van a someter en el día de hoy”, añadió, en referencia al plan que la JG entregó al ente federal en agosto y que fue señalado por dicho cuerpo en la misiva en la que exigen enmiendas.
“La misiva enviada por la Junta de Control Fiscal al gobernador Ricardo Rosselló es inaceptable. No conformes con los más de $500 millones que le redujeron a la Universidad en su presupuesto, ahora pretenden seguir exprimiendo al principal centro docente del país”, manifestó Santana Andino, en declaraciones previas a Metro.
En cuanto al de la UPR, expuso –entre otras cosas– que “el plan propuesto no entrega el cese inmediato del bono de Navidad, como se describe en el plan fiscal certificado de Junio. Se espera que esta medida genere $ 7.5 millones anuales. Si no se logran estos ahorros, se deben aumentar los ahorros del personal de eficiencia de la agencia para que se mantengan los ahorros anuales totales del plan fiscal certificado de junio”.
Además, señaló que el Plan propuesto no se compromete a un aumento suficiente en la matrícula de postgrado “como se describe en el Plan fiscal certificado de junio”. Específicamente, la JCF sostiene que la propuesta de la UPR promete entregar solo $52.4 millones en mejora de ingresos entre los años fiscales 2019 y 2023, en comparación con los $ 93.9 millones delineados en el Plan Fiscal UPR Certificado en junio.
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“El Plan Propuesto debe ampliar aún más los niveles de matrícula (especialmente para doctores, juris doctor, doctor en odontología y doctorado en medicina) para reflejar mejor los costos de programas comparables en universidades privadas en la Isla y en el resto de los EE. UU.”, sostiene la carta.
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En la misiva, la JCF también señala que el Plan propuesto de la Universidad incluye exenciones de matrícula que costarán $24.2 millones en 2019, en comparación con $11.6 millones que había puesto como límite el ente federal en el Plan fiscal certificado de junio.
“Un plan sostenible requiere la eliminación de la lista completa de exenciones de matrícula (por ejemplo, atletismo). […] Estas exenciones de matrícula no relacionadas con la ayuda financiera, con la excepción de los estudiantes con honores y veteranos, deben eliminarse por completo para cada clase entrante que comience en el año fiscal 19”, sostiene la Junta.
A diferencia de lo que propone el ente federal, la JG de la UPR había aprobado –y así se ha comenzado a aplicar en los recintos– la otorgación del 100% de las exenciones de matrícula en tres categorías: exenciones de honor, Programa Ayudantía y Cátedra y representantes estudiantiles. Asimismo, aprobó la otorgación de un 50% a los estudiantes atletas, miembros de las agrupaciones de coro, banda y teatro e hijos de empleados. Respecto a la exención de matrícula de los empleados o sus hijos, la presidenta de la Heend explicó que se trata de un beneficio que ya estaba previamente negociado en el convenio colectivo.
“Totalmente negociado, no solamente de ahora, sino de todos los convenios y tan reciente como el 3 de julio, culminando la negociación ellos (JG) lo había traído a la mesa (el plan) y no habían traído ningún tipo de reducción en la exención de matrícula”, sostuvo la líder sindical. No obstante, en el plan fiscal que la JG entregó a la JCF –antes de la carta que exige nuevas enmiendas– ya incluía una reducción de 50% en las exenciones.
Otra medida que propone la JCF y que representaría un impacto a los empleados y exempleados de la UPR, es la reducción del 17% del pago a las pensiones del Sistema de Retiro de la Universidad, la congelación de acumulaciones de beneficio (contribuciones definidas) y la reducción progresiva de beneficios a una tasa apropiada que elimine las diferencias entre las medidas que se implementarán en la UPR y el Gobierno Central de Puerto Rico.
La carta de la Junta llega, además, en momentos en que la Middle States Commission on Higher Education, entidad que acredita las instituciones de educación Superior en Puerto Rico y Estados Unidos, evalúa precisamente el estado financiero de la UPR para determinar si libera o no de probatoria a ocho de los once recintos.
“Este es un atentando contra el proyecto universitario que provee una educación post secundaria pública, lo que está detrás es su deseo de privatización. Estas exigencias además ponen en riesgo la acreditación de la Middle States. La comunidad universitaria no va a aceptar esta imposición”, sostuvo Santana Andino.
No cumplirán con pedidos de la Junta en planes fiscales
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, detalló el miércoles en entrevista con Metro que trabajan en la revisión de los tres planes fiscales que la Junta solicitó para el hoy, 7 de septiembre, y que no incluirán algunas de las exigencias del ente creado por la Ley Promesa, aunque no habló sobre detalles específicos respecto al plan fiscal de la UPR.
“La postura que hemos tomado en cuanto al pago de pensiones se mantiene. No hemos hecho cambios en esa área. Nosotros también hemos incluido ciertas partidas, como por ejemplo los costos relacionados con la reforma digital, a la reforma de compras de bienes y servicios, el pago del bono de Navidad y la inversión, que es necesaria para operar la Oficina de Recuperación”, concluyó.
