En el mes de febrero del presente año, como resultado de las múltiples gestiones y cabildeo intenso por parte del gobernador Ricardo Rosselló y la comisionada residente, Jennifer González, el Congreso de Estados Unidos aprobó la asignación de $16,000 millones en fondos federales para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Además, la isla es elegible para participar de otros programas que podrían aumentar las ayudas a la isla a más de $45,000 millones.
La asignación sin precedente de $4,900 millones para Medicaid gestionada por Rosselló, financia hoy día la totalidad del programa de Mi Salud hasta septiembre de 2019 sin requerir ni un solo centavo del Gobierno de Puerto Rico como pareo, lo que ha evitado el precipicio fiscal que se esperaba que ocurriese si no se hubiera aprobado la legislación presupuestaria. Cabe señalar que dicha asignación incluye $1,200 millones en fondos federales, que ya están utilizándose para crear la Oficina de Control de Fraude de Medicaid y el MMIS en Puerto Rico, entidad que existe y opera en 49 estados y Washington D. C., y que permitirá que Puerto Rico esté en cumplimiento con los estándares nacionales de control de fraude y abuso.
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Reconociendo la situación fiscal de los municipios, el gobernador y la Asamblea Legislativa se han dado a la tarea de buscar medidas que permitan reducir la carga económica que acarrean los Gobiernos municipales, como son los fondos del CRIM que se envían a ASES para financiar el plan de salud del Gobierno, que para este año fiscal 2019 sobrepasa los $160 millones. Pensando en ello, y dada la asignación presupuestaria sin precedente del Congreso Federal, los cuerpos legislativos aprobaron —y el gobernador adelantó su visto bueno— el Proyecto del Senado 879 (PS 879), que propone dejar sin efecto, durante los años fiscales 2018-2019 y 2019-2020, la asignación presupuestaria requerida a los Gobiernos municipales para financiar el plan de salud del Gobierno.
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En respuesta a dicha propuesta, la Junta de Supervisión Fiscal ha indicando que el PS 879 no cumple con el plan fiscal certificado y que la considerarían solo si la exención o el subsidio culminara el 30 de septiembre de 2019, fecha en que finaliza el reembolso que proviene de la asignación presupuestaria federal. Además, indican que el Gobierno debe identificar del presupuesto los fondos necesarios para el funcionamiento de ASES que no estén cubiertos por fondos federales; es decir, identificar ahorros o ingresos alternos para dar paso a la reducción en la aportación que se les requiere a los municipios.
Ante esta realidad y dado su compromiso tanto con el cumplimiento del plan fiscal, según fuere certificado, como con asistir a los municipios en estos asuntos, el gobernador Rosselló ha propuesto eximir a los municipios en su aportación de fondos a ASES en un 50 % hasta el 30 de septiembre de 2019. De esta forma, el gobernador busca generar un balance de intereses entre la salud fiscal de los municipios y la solvencia de la reforma de salud, de la cual se beneficia gran parte de nuestra población. Con dicha propuesta, todos los municipios, desde el más pequeño hasta el más grande, en términos poblacionales, verían reducida su aportación significativamente, lo que generaría ahorros anuales, desde más de $54,000, en el municipio de Culebra, hasta $32 millones, en el municipio de San Juan. Con esto, el gobernador actúa en conformidad con la palabra empeñada a principios de año con los alcaldes federados y asociados, atiende la preocupación levantada por la Junta y, a su vez, continúa atendiendo los entuertos presupuestarios ocasionados por décadas de mal manejo de las finanzas públicas.
