La organización Proyecto Matria se expresó hoy miércoles, en contra del Proyecto del Senado 950 que impondría severas limitaciones al derecho al aborto en Puerto Rico.
Según la portavoz de Matria, licenciada Amárilis Pagán en declaraciones escritas sostuvo que, “dicho proyecto de la autoría de la senadora Nayda Venegas, está plagado de premisas falsas en cuanto al aborto y pretende utilizar el terror como barrera para que las mujeres desistan de asistir a clínicas de aborto y para que las doctoras y doctores de dichas clínicas se vean obligados a cerrar sus prácticas. Matria solicitó turno en las vistas públicas del proyecto y se le denegó”.
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“Para colmo, titularon el proyecto de ley como Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida. Sin embargo, el proyecto es todo lo contrario. Es una colección de datos ambiguos y carentes de evidencia organizados para crear la impresión de que el aborto es peligroso y que en Puerto Rico se practican abortos ilegales en el último trimestre de embarazo, que se practican por personal no capacitado, que se obliga a niñas a abortar y que desde el momento del embarazo hay un ser humano diferente e independiente de la mujer”, añadió.
Mencionó, además, que “el proyecto pretende crear un estado de terror en el que las mujeres que deseen practicarse un aborto tendrían que someterse a un escrutinio moral que violenta su derecho a la intimidad y que las presume incapaces de tomar decisiones sabias para su bienestar”.
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“El proyecto impone a un proceso de aborto más regulaciones de las que existen al presente para procedimientos quirúrgicos mucho más complejos y riesgosos para los pacientes. Eso nos deja ver que el interés no es el bienestar de las mujeres o las niñas, sino adelantar una agenda religiosa que la senadora Venegas no ha ocultado desde que inició su vida política”, dijo Pagán.
Según dijo, organizaciones internacionales se han expresado sobre este proyecto en Puerto Rico y han advertido del efecto nefasto del mismo en las vidas de las mujeres.
Como ejemplo de las regulaciones que impondría el Proyecto del Senado 950, la organización mencionó el periodo de espera de 48 horas desde que la mujer acude a la clínica, la obligación de practicar abortos solamente en hospitales luego de las 12 semanas de embarazo, el obligar a las menores a ir a un tribunal a pedir autorización para practicarse un aborto y el prohibir abortos por causas psicológicas o anomalías genéticas.
“No existen fundamentos científicos que apoyen la necesidad de crear esas regulaciones y el efecto neto en la vida y la dignidad de las mujeres será el privarlas del derecho al aborto. Si consideramos el nivel de pobreza de las mujeres en Puerto Rico, la falta de acceso a la justicia, los costos de los hospitales, las estadísticas de agresiones sexuales a menores de edad y ¡hasta el Zika!, estamos diciendo que con este proyecto las mujeres tendrían que recurrir a prácticas caseras o ilegales de aborto porque el sistema de salud les estaría cerrando las puertas. Sería el fin del derecho al aborto en Puerto Rico y eso es lo que busca este proyecto a pesar de su título”, dijo Pagán. “No podemos permitir que la moral estrecha de ciertos sectores de este país que no aceptan la separación entre Iglesia y Estado nos gobierne y nos lleve al Siglo XIX. Las mujeres suelen ser sabias y saben lo que deben hacer para su bienestar. No necesitan al Estado ni a las iglesias ordenándoles qué hacer con sus cuerpos”, concluyó.
