Un nuevo informe de la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) publicado ayer, sostiene que más de la mitad del personal que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó a Puerto Rico para atender la emergencia que provocó el huracán María no tenía los entrenamientos suficientes para ejercer las labores que realizaron.
“Los funcionarios de FEMA notaron que la escasez de personal y la falta de personal capacitado con experiencia en programas condujo a complicaciones en sus esfuerzos de respuesta, particularmente después del huracán María”, sostiene el informe, al tiempo que señala que no es la primera vez que la GAO llega a esa conclusión sobre el desempeño de FEMA.
El informe de dicha Oficina enviado al Congreso enumera una serie de desafíos que —según sus conclusiones— retrasaron y complicaron los esfuerzos de respuesta del Gobierno federal de los Estados Unidos.
“Los esfuerzos de respuesta de FEMA en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. se complicaron por una serie de factores que incluyen la distancia remota de los territorios, la preparación local limitada para un huracán mayor, infraestructura local obsoleta, limitaciones de la capacidad de la fuerza de trabajo y desafíos adicionales en Puerto Rico”, apunta el documento.
Entre esos desafíos adicionales, GAO apunta que, ante la emergencia luego del huracán, FEMA no tenía suficientes empleados bilingües para comunicarse con los residentes locales o traducir documentos, pese a que, “según el Anexo de Huracanes de la Región II de FEMA, la información en Puerto Rico debe transmitirse en español, que es el principal idioma hablado y escrito”. De acuerdo con funcionarios de FEMA, esto ocasionó más demoras mientras el personal se reorganizaba de otros desastres a Puerto Rico”.
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Además, los líderes de FEMA entrevistados para el informe indicaron que parte del personal de desastres de la agencia federal desplegado en Puerto Rico no fue físicamente capaz de manejar el extremo o austero ambiente de los territorios, “lo que restó valor a las necesidades de la misión”.
A eso se sumó que, dado que tanto el sistema de energía eléctrica como el de comunicaciones colapsaron, el personal tuvo que realizar visitas a los hogares para llegar a los sobrevivientes del desastre y realizar evaluaciones. “Ubicar direcciones e individuos era desafiante, según funcionarios de FEMA, porque muchas áreas afectadas no tenían direcciones publicadas, muchas personas usan apodos en lugar de sus nombres de pila y, a menudo, varias familias se encontraban en una sola propiedad”.
Además de las deficiencias de FEMA, en términos de personal, el informe de GAO sostiene que el Gobierno de Puerto Rico no contaba con los recursos ni la preparación suficientes para atender la emergencia posterior a un huracán de la fuerza de María, que entró como categoría 4, aunque sus vientos excedieron las 175 millas por hora.
“Sus planes eran insuficientes para la magnitud del huracán María que tocó tierra dos semanas después (del huracán Irma). Específicamente, los funcionarios de Puerto Rico no habían considerado que el huracán causaría una pérdida de energía eléctrica durante el tiempo que lo hizo el huracán María”, lee el documento.
En comparación con las Islas Vírgenes estadounidenses, GAO indicó que “las Islas Vírgenes de EE. UU. fueron más rápidas para restaurar la energía, en parte debido a inversiones de infraestructura anteriores y esfuerzos de mitigación implementados por el Gobierno, según funcionarios de FEMA”.
De acuerdo con el Marco de Recuperación Nacional de Desastres —cita el informe—, los Gobiernos locales tienen el papel principal en la preparación y el manejo de la respuesta y recuperación de sus comunidades, incluido el liderar los esfuerzos de planificación de mitigación y recuperación antes del desastre.
Sin embargo, según los funcionarios de FEMA, la agencia federal esencialmente sirvió como respuesta primaria en los esfuerzos en Puerto Rico. Funcionarios de FEMA dijeron que muchos de los servicios que brindaban, como restauración de energía, eliminación de escombros y la distribución de productos básicos, son típicamente proporcionados por los Gobiernos locales.
En términos generales, el informe de GAO sostiene que FEMA asignó unas 1,093 misiones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que costaron $5.5 mil millones. También añade que el 41 % de esas misiones fueron realizadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sumando $2 mil millones.
El informe sostuvo que —de acuerdo con la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA— la respuesta de dicha agencia federal en Puerto Rico fue uno de los mayores esfuerzos de recuperación en su historia, incluidos el suministro y la distribución de alimentos y suministros valorados en, aproximadamente, $1 mil millones, así como productos básicos y medicamentos a través de, aproximadamente, 1,400 vuelos que constituyeron las operaciones aéreas sostenidas más largas en la historia de desastres en los EE. UU.
Además, indicó que se desplegaron 4,700 miembros de personal médico y que, hasta mayo de 2018, el USACE había instalado más de 1,700 generadores de electricidad de emergencia, en comparación con los 310 que se instalaron en las labores de respuesta al huracán Katrina.
Rosselló apoya a Cuomo
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, expresó su apoyo a su homólogo de Nueva York, Andrew Cuomo, en su intención de demandar al Gobierno federal por su trato desigual hacía la isla.
“Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha sido un fiel colaborador de nuestro pueblo. Fue el primero en llegar a nuestra isla tras la devastación ocasionada por el huracán María y, posteriormente, se ha mantenido abogando por los intereses de los puertorriqueños y colaborando con nuestra administración.
Considero al gobernador Cuomo mi amigo y cuenta con mi apoyo. No obstante, ante su intención de presentar una demanda por el trato desigual del Gobierno federal hacia Puerto Rico, deseo expresar que la misma no se debe limitar al actual presidente, sino que debe incluir a todos los pasados presidentes y Congresos que durante décadas han discriminado contra los ciudadanos americanos en nuestra isla”, expresó Rosselló.