La jueza federal Laura Taylor Swain determinó hoy que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene el poder para adoptar presupuestos y planes fiscales para la isla y que esto no constituye una extralimitación de sus poderes bajo la Ley Promesa.
La jueza federal Swain, quien atiende los procesos de Título III bajo Promesa, emitió hoy dos determinaciones en las que resuelve sobre la controversia de hasta dónde llegan los poderes de la JCF versus los poderes del Gobierno de Puerto Rico y los de la Legislatura local.
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De esta manera, la jueza rechazó hoy las demandas presentadas por el gobernador Ricardo Rosselló y los líderes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, que sostenían que la JCF se había excedido de los poderes que le había conferido la Ley Promesa.
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La jueza hizo un llamado a las partes a buscar consensos sobre la ruta que debe seguir Puerto Rico para salir de la crisis mediante la ruta de Promesa.
Asimismo, determinó que el presupuesto que adoptó la JCF el pasado 30 de junio deberá ser ejecutado.
La demanda del gobernador sostuvo que la JCF se excedió de sus poderes ya que algunas disposiciones de presupuesto y planes fiscales son solo ’recomendaciones’ que no pueden ser ordenadas ni implementadas por el ente federal. Por último, la demanda del Ejecutivo solicitó el remedio de injunction para prohibir la implementación del plan fiscal que certificó la JCF.
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Durante el proceso de aprobación de un Plan Fiscal, la jueza interpretó que Promesa le otorga a la Junta el poder de revisar el plan fiscal que proponga el gobierno y determinar si cumple con los requerimientos fiscales.
Igualmente, la ley federal provee múltiples oportunidades al gobierno local para someter un presupuesto viable. En caso de que el Plan Fiscal que sugiere el gobierno no sea “satisfactorio”, la Junta deberá desarrollar y someter su propio plan fiscal al gobernador y a la Legislatura. De esta manera, el plan que presente la JCF se dará por aprobado por el Gobernador.
Más importante aún, la sección 205 (b)(1)(k) de la Ley Promesa, concede a la Junta el poder para realizar decisiones de política pública. Este poder, según Swain, fue otorgado por el Congreso para buscar que Puerto Rico pueda “alcanzar responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales”.
No obstante, Swain indicó que el hecho de que se le hayan conferido estos poderes a la Junta, no significa que el gobernador electo quede “irrelevante o sin dientes”.
Según la letrada, Promesa requiere que la JCF primero acuda a los funcionarios electos para que dirijan el destino para optar por un presupuesto. La jueza, por ejemplo, aludió a las negociaciones que sostuvo el gobernador con miembros de la Junta para alcanzar acuerdos sobre disposiciones conflictivas, como el bono navideño, los días de vacaciones y enfermedad, y la Ley 80 sobre despido injustificado.
La ley PROMESA, asimismo, provee para que el gobernador pueda objetar alguna recomendación hecha por la JCF sobre el presupuesto. De tal manera, el gobernador podrá públicamente objetar las recomendaciones de la Junta y, además, podrá formalizar sus objeciones mediante el Congreso y el Presidente de Estados Unidos.
Sin embargo, en cuanto a la adopción de nueva legislación, eliminación o modificación de leyes existentes de Puerto Rico, la JCF “no puede afirmativamente legislar”.
El ente solo tiene las “herramientas presupuestarias y de negociación” para convencer a funcionarios electos a que acepten las medidas fiscales que “recomiendan”. Swain añadió que “Promesa es un arreglo incómodo de poderes compartidos”.
“Aún cuando esta estructura de gobernanza infringe con el ámbito de autoridad de un gobierno electo, esta ley fue contemplada y aprobada por el Congreso”, reza la determinación de la Jueza.
La vista sobre estas controversias se efectuó en San Juan el pasado 25 de julio.
La jueza Swain, sin embargo, no desestimó el remedio de injunction que solicitó el gobernador para prohibir la implementación del presupuesto y la ejecución del Plan Fiscal. El procedimiento será referido a la Magistrada Judith Dein.
Tampoco prospera demanda de Legislatura
La demanda que presentaron en conjunto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, contra la JCF también fue desestimada por la Jueza Swain.
La jueza rechazó que las acciones de la Junta se trataran de una ’usurpación’ de los poderes legislativos de Puerto Rico. El recurso legal de los líderes legislativos señala que las acciones de la Junta constituyen una “usurpación” de los poderes legislativos que confiere la Constitución de Puerto Rico y la decisión del electorado puertorriqueño.
La Jueza reiteró que el Congreso ejerció sus poderes al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución federal al haber cuando implementó la Ley Promesa. Esta cláusula, según Swain, le permite al Congreso de Estados Unidos adoptar reglas y regulaciones para Puerto Rico, y asimismo, alterar estas disposiciones.
Reaccionan ante decisión de Swain
Ante la determinación, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, expresó que la decisión de la jueza es una muestra de las “las limitaciones de nuestro estatus colonial” y que “Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”.
El primer mandatario del país agregó que “la decisión del Tribunal federal sujeta el pago del Bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos. Dado a esta posibilidad judicial, propusimos un acuerdo con la JSF para evitar afectar a los más vulnerables como lo son nuestros empleados públicos y otros ciudadanos que se afectarán con las reducciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico, de los municipios y de los fondos que necesitamos para nuestro desarrollo económico”.
El presidente del Senado, Rivera Schatz, también atribuyó al estatus colonial el resultado adverso que obtuvieron hoy. “La determinación de la jueza no borra de la mente de nuestro pueblo, los abusos, la soberbia y la incapacidad de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. La Junta no ha resuelto un solo problema en la Isla. De hecho, la Junta es parte del problema. Esa determinación de la jueza tampoco detiene nuestro empeño de combatir los abusos de la Junta y el problema de fondo, la condición colonial de Puerto Rico”, soltó el líder legislativo.
Por su parte, el presidente de la JCF, José Carrión, reaccionó ante la decisión de Swain y dijo que “los Planes Fiscales certificados son la ruta hacia un mejor futuro”. “No debe haber duda de que el presupuesto del Año Fiscal 2019 certificado por la Junta de Supervisión es el único y debe cumplirse con el mismo. Hacemos un llamado a que todas las partes trabajemos nuevamente por el bien de Puerto Rico, de manera que se le ponga fin a décadas de mala administración y se le de paso a la reconstrucción de nuestra Isla”, añadió.
Aquí los documentos:
SENADO
180807 Opinion and Order (18-81) by Metro Puerto Rico on Scribd
GOBERNADOR
180807 Opinion and Order (18-80) by Metro Puerto Rico on Scribd
