Escándalo político de Perelló podría costarle sobre medio millón de dólares

El expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, perdió caso por discrimen político

Por Internews Service

El expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás podría tener que pagar de su propio bolsillo sobre medio millón de dólares que adeuda a unas 35 personas que él despidió por ser miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) al llegar a la presidencia de la Cámara en el 2013.

En este caso se demandó a otra serie de funcionarios de Perelló, quienes también tendrían que aportar a la suma adeudada. Estos otros son Javier Vázquez Collazo, Rosendo Vela Birriel, Alvaro Vázquez Ramos, Miguel Arana Colón, Aileen Figueroa Vázquez, Xavier González Calderón, José Fuentes Serrano, René Valle Umpierre, José Sapia y Julio Mojica.

Este caso por discrimen político lo perdió Perelló en el foro federal y los términos del mismo fueron sellados, así como habían sido sellados los términos de un caso en el foro estatal que perdió por discrimen político el hoy senador Aníbal José Torres cuando dirigía la Oficina de Asuntos de la Juventud durante la administración de la gobernadora Sila M. Calderón. En este caso, el gobierno desembolsó alrededor de $450,000.

Sin embargo, el caso de Perelló se complicó cuando, luego que el gobierno hiciera un pago inicial de la deuda en que incurrió Perelló por despedir injustificadamente a funcionarios  de la Cámara que no establecían política pública ni tenían accesos a asuntos confidenciales, el segundo pago fue recientemente detenido por el gobierno debido a la Ley Promesa.

Por ello, los abogados de los demandantes analizan y están inclinados a solicitar que los demandados paguen de su dinero el remanente de la deuda, se supo por fuentes relacionadas con el caso porque se estarían beneficiando de una ley que solo pretende beneficiar al gobierno.

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Perelló despidió a decenas de personas que solo ocupaban posiciones administrativas no relacionadas con la afiliación política, como recepcionistas, oficinistas, mensajeros, entre otros, y que fueron sustituidos inmediatamente por personas afiliadas al Partido Popular Democrático. Según diversos testimonios del caso, la orden de Perelló fue “limpiar” la Cámara de Representantes de afiliados al PNP.

Muchos de estos perdieron la casa al no lograr emplearse y pagar la hipoteca, así como el automóvil, vendieron sus teléfonos celulares, computadoras y hasta la máquina de lavar y la secadora y los muebles o relojes para abonar al pago de la casa. Otros acumularon deudas con el agua y la luz, hasta que se las cortaron, según diversos testimonios que obran en la corte. Para el 2013, el gobierno estaba sumido en una crisis fiscal y en una economía deprimida. Para el 2014 el gobierno declaró su quiebra.

Casualmente, el bufete que contrató Perelló para defenderse de las demandas fue Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya. Luis Sánchez Betances fue designado secretario de Justicia en ese cuatrienio de 2013,  y se separó del bufete. Este luego renunció por el incidente en que “su amigo del alma” y socio de bufete Jaime Sifre chocó en estado de ebriedad al salir de una fiesta de la casa de Sánchez Betances, quien acudió al lugar donde policías procesaban la escena del choque pero “en su carácter personal”.

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Perelló enfrenta actualmente juicio en el foro estatal por diversos actos de corrupción durante su presidencia en la Cámara, en un caso que involucró a dos funcionarios administrativos del político en un esquema elaborado junto al empresario Anaudi Hernández. Otros altos funcionarios de gobierno, como la ex directora de ADT Sally López, y altos funcionarios de la AAA cumplen cárcel por sus relaciones con el empresario. Este esquema también le costó la posición a otros funcionarios, aunque no fueron acusados.

La corte otorgó una compensación de $45,000 a cada víctima del discrimen político, de los que se llegó a pagar $25,000 a cada uno en un primer pago antes de que el gobierno se acogiera al proceso de reestructuración de deuda bajo Título III de la Ley Promesa, que le permite aguantar el segundo y último pago, que debió ser realizado a finales de este pasado enero. El primer pago del gobierno totalizó $875,000.

El caso lo transó Perelló y el Departamento de Justicia en 2016. El Departamento de Justicia de la pasada administración lo había acogido bajo la protección de la Ley 9, es decir, que decidió que fueron determinaciones tomadas por Perelló y demás funcionarios como parte de sus funciones de gobierno, así que pagó sus abogados y, de perder la demanda, como ocurrió, pagaría a los demandantes. El discrimen cometido por Perelló, según la sentencia del tribunal federal, le costó $1.4 millones al gobierno.

La deuda sin pagar a las 35 personas suma $525,000, esto es, unos $15,000 para cada uno, que ahora podría tener que pagar Perelló y los demás demandados de su propios haberes.

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