Con la intención de terminar con el impasse existente entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, la Cámara de Representantes presentó ayer un proyecto de ley con el propósito de proveer para la creación de un fondo especial para atender reclamaciones al amparo de la Ley 80.
La medida, presentada por el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y el representante Antonio “Tony” Soto, le facilitará a los patronos del sector privado un mecanismo adecuado y sin cargos adicionales que les permita cubrir reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80, y para otros fines relacionados.
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Según explica la exposición de motivos del proyecto de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, el dinero que será dirigido a ese fondo surgirá de las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
“Todo patrono en Puerto Rico hoy paga una prima a la Corporación con el propósito de atender los trabajadores lesionados, mientras se les libera de responsabilidad. Este esquema nos ofrece la oportunidad, porque la ley permite que se pueda usar hasta un 22% de los ingresos provenientes de las primas cobradas para gastos administrativos”, señala la exposición de motivos.
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Agrega la exposición que “de esa partida, y sin poner en riesgo los recursos de los lesionados y sin aumentar la prima a los patronos, podemos separar un siete punto cinco (7.5%) por ciento para establecer un Fondo Especial dirigido a atender las reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80”.
El objetivo de la Junta de Control Fiscal para solicitar la derogación de la protección que otorga la Ley 80 es liberar a los patronos del sector privado del pago del remedio que esta otorga a los trabajadores.
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El representante Meléndez expresó que es evidente que “la continua insistencia de la Junta de eliminar la Ley 80 no ha logrado el respaldo necesario para ser aprobada por la legislatura, la cual no va a renunciar a sus facultades constitucionales de defender a los trabajadores, tanto del sector público como los del sector privado”.
Añade que “personalmente, he evaluado las propuestas establecidas y no he podido encontrar ni un solo punto que me convenza de que la derogación de la Ley 80 impulse la creación de nuevos empleos o la posibilidad de algún repunte económico”.
El legislador añadió que la creación de este Fondo Especial ayudará a que la Ley 80 se mantenga en vigor y le provea a los patronos del sector privado una alternativa razonable para atender cualquier reclamación producto de la citada ley.
“Si el razonamiento de la Junta para solicitar la derogación de la Ley 80 es reducir los costos para los patronos, y por lo tanto, reducir el costo para hacer negocios en Puerto Rico, entendemos pues que esta medida adelanta adecuada y razonablemente los objetivos promovidos por la Junta, sin lacerar los derechos de los trabajadores”, concluyó.
