La "idea" de Miguel Romero para derogar la Ley 80

Aunque se supone que se mantendría en secreto, después de filtrarse la información, el senador Miguel Romero, quien concibió la idea, habló con Metro

Por Ronald Ávila Claudio

Enmendar y ampliar disposiciones de la Ley contra el discrimen en el empleo (Ley 100) podría ser la ficha para que la Asamblea Legislativa de paso a la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF) de eliminar la Ley de indemnización por despidos injustificados (Ley 80).

La propuesta es de la autoría del senador Miguel Romero y surgió durante una reunión de caucus en el Senado a la que asistió el gobernador Ricardo Rosselló, cinco alcaldes, representantes, asesores y los senadores.

Se supone, de acuerdo a las palabras del primer ejecutivo al terminar el cónclave, que la “idea” se mantendría en secreto para que el senador Romero pudiese elaborarla, pero luego de que la información se filtró el legislador lo confirmó a Metro.

“Sencillamente algo que se me ocurrió. Nosotros fortalecer algunas disposiciones que hay en leyes discriminatorias, porque hay preocupaciones de que, por ejemplo, si se deroga la Ley 80 que alguien aproveche eso para discriminar contra empleados que lleven mucho tiempo trabajando”, soltó el exsecretario del Trabajo durante la administración de Luis Fortuño.

La “idea”, que de acuerdo al también presidente de la comisión de Gobierno es un “working paper” y será elaborada en las próximas 48 horas, no incluye una mesada para el trabajador despedido injustificadamente.

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“No es una mesada como tal, son compensaciones adicionales. La Ley 100 tiene aplicabilidad en despidos, acciones discriminatorias y tiene protecciones a la hora de buscar empleo. Aplica la Ley 100 al gobierno, aplica la Ley 100 al sector privado y yo creo que se debe agotar la evaluación de la alternativa para minimizar el impacto”, afirmó.

Por esta misma razón, acotó, no ve inconveniente en que la Junta de Control Fiscal, autora original de la propuesta de eliminar la Ley 80, tenga algún reparo.

“No es una Ley nueva. No hay clasificaciones que se añadirían. No tiene que ver ni con presupuesto, ni tiene que ver con asuntos fiscales y del mismo modo que ha habido la apertura para mirar otras cosas pues lo que espero es que se evalúe”, señaló al este diario preguntarle sobre sus expectativas por parte del ente fiscal.

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Mientras, hay senadores como Migdalia Padilla que ya están en proceso de evaluar la propuesta de su homólogo y han dicho que no se cierran a las posibilidades que trae.

“Vamos a ver todo esto como una posible solución, como un posible acuerdo, pero no lo voy a dar por sentado”, indicó la legisladora en un pasillo del hemiciclo senatorial donde se encontró con este periódico.

Ambos, Romero y Padilla, dejaron claro que no votarán para derogar la Ley 80 tal y como lo acordó Rosselló con la JCF o como lo avaló la Cámara de Representantes.

La medida cameral incluyó un fondo de dinero público que se nutrirá de $1,000 que saldrían de una asignación anual para desarrollo económico en el presupuesto de la isla, acordado entre el ente federal y la Fortaleza. Un empleado despedido injustificadamente, según esta versión, podría recibir hasta $9,500.

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Por su parte, tras salir del caucus que duró unas tres horas, el presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, se mostró complacido con las conversaciones.

“Estoy muy contento, muy feliz con el resultado de la reunión. Miguel Romero ha hecho unas sugerencias que habrá que evaluarse […]  Se va a consultar primero con el caucus, tiene que dársele forma”, mencionó Rivera Schatz, sin soltar prenda sobre la nueva disposición.

El gobernador indicó “acordamos que nos vamos a reunir el próximo jueves para tener el espacio como una medida que se pueda utilizar para poder entonces salvar los acuerdos”, tampoco sin decir de qué trataba la “idea”.

Rosselló, con la intención de dejar inalteradas las licencias de vacaciones y enfermedad, el bono de Navidad y partidas para otras áreas del Gobierno, pactó con la junta impulsar la derogación de la Ley 80, que protege a los trabajadores de despidos injustificados.

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