A pesar de que el Departamento de la Vivienda (DV) entregó a principios de este año una base de datos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) con las certificaciones de los alrededor de 48 mil usufructuarios que esperaban por recibir algún tipo de ayuda federal tras el paso del huracán María, solo alrededor de 14 mil de estos damnificados han recibido asistencia para reparar sus residencias, sostuvo Fernando Gil Enseñat, secretario del DV.
De acuerdo con el titular de la agencia, dichas certificaciones son “un paso antes de darles el título (de propiedad). Nosotros los cualificamos como usufructuarios para que tengan un derecho real sobre esa propiedad”.
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Sin embargo, para FEMA eso no parece ser suficiente. La agencia federal negó la ayuda a estos solicitantes dado que no pudieron demostrar ser los dueños legítimos de esas residencias. A principios de abril, Mike Byrne, oficial federal de coordinación en Puerto Rico para FEMA, dijo en conferencia de prensa que esperaban por los títulos de propiedad para que estas personas pudieran solicitar ayuda nuevamente.
Gil Enseñat reiteró que “el compromiso del gobernador (Ricardo Rosselló) es otorgar los títulos de propiedad”.
Dijo también que, como parte de la subvención Community Development Block Grant-Disaster Recovery (CDBG-DR) que otorgó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), hay un 15 % del total que asciende a $1,500 millones que buscan utilizar para la planificación y urbanización de las comunidades de usufructuarios, de modo que se establezcan los parámetros para el otorgamiento de títulos de propiedad.
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“En los lugares que no se pueda hacer porque no hay forma de mitigar la situación, que sean áreas inundables o no aptas para construir, entonces tendríamos que ofrecerles a las personas la oportunidad de relocalización, pero es una decisión de cada individuo si se quisiera quedar o no”, manifestó.
“De querer permanecer allí de la forma y manera que están, el Gobierno, entonces, no se
puede responsabilizar y no puede invertir dinero federal sobre ellos, y todo eso se les va a informar a las personas”, sostuvo el secretario.
Gil Enseñat indicó, sin embargo, que las familias a las que FEMA niegue finalmente la ayuda, se considerarían dentro de una categoría de necesidades no cubiertas y serían elegibles para ayuda bajo los fondos CDBG.
Más de 400 refugios certificados
Por otra parte, de cara a la nueva temporada ciclónica que comienza hoy, el titular de Vivienda confirmó que, hasta esta fecha, hay unos 419 refugios certificados.
La cantidad es menor a los 500 establecidos ante el pasado año, aunque aseguró que la reducción no afecta la capacidad de los refugios de recibir una cantidad de personas incluso mayor a los 15 mil refugiados durante el devastador huracán María. Asimismo, indicó que la agencia ha repartido más de 24 mil catres a través de la isla y cuenta con otros 15 mil almacenados.
“Esto es mucho más del mobiliario que teníamos en el huracán, y basado en esa experiencia, que se atendieron 15 mil refugiados en 257 refugios, entendemos que estamos preparados para ello”, reiteró.
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