Diócesis de Arecibo solicita que se reconozca la personalidad jurídica de la Iglesia

La diócesis no tomó una postura sobre el pago de las pensiones a los maestros

Por Metro Puerto Rico

En virtud de lo dictaminado por el Tribunal de Primera Instancia para que se embargaran millones de dólares a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico para pagarle a los maestros de sus colegios, ayer la Diócesis de Arecibo pidió que sí reconozca la personalidad jurídica de la iglesia para que se pueda defender.

La solicitud, hecha ante el Tribunal de Apelaciones donde el caso está retenido, busca que la iglesia tenga independencia.

"La petición de intervención de la Diócesis de Arecibo persigue el único propósito de defenderse de una orden de embargo excesiva, con el potencial de afectar sus bienes y patrimonio, dictada en un caso en donde esta no fue parte y no tuvo oportunidad de ser oída. Por igual, se afirma que la independencia de la diócesis debe ser respetada por los tribunales dentro del marco constitucional prevaleciente por constituir un elemento de gobierno interno de la institución religiosa, directamente asociado al ejercicio de la fe", sostuvo en un comunicado Frank Torres-Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo.

A finales del mes anterior, el Tribunal de Primera Instancia ordenó embargar las cuentas de la Iglesia Católica tras vencer el plazo de 24 horas para pagar las pensiones de los maestros retirados. La orden especificaba que se "proceda a embargar bienes y dinero de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana en una cantidad de $4,700,000".

Esos $4.7 millones son los que, actualmente, todavía no se han desembolsado del Fideicomiso creado por la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan.

Torres-Viada, igualmente, indicó que la región arecibeña no entrará a decidir quién tiene la razón en el tema de las pensiones porque la diócesis no es parte de la demanda y no tiene participación ni poder decisional en el fideicomiso.

Un día después del embargo, el Tribunal de Apelaciones paralizó la acción.

Toda la controversia responde a una demanda por parte de maestros retirados que están exigiendo se les pague las pensiones.

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