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Tribunal ordena embargar fondos de la Iglesia Católica

La orden surge al vencerse el plazo de 24 horas para pagar las pensiones

El Tribunal de Primera Instancia ordenó hoy embargar las cuentas de la Iglesia Católica tras vencer el plazo de 24 horas para pagar las pensiones de los maestro retirados.

La orden, firmada por el juez Anthony Cuevas, autoriza al alguacil “proceda a embargar bienes y dinero de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana en una cantidad de $4,700,000”.

La orden judicial establece que el dinero será “para responder por el pago de las pensiones de los demandantes, incluyendo bonos, valores, vehículos de motor, obras de arte, equipos, muebles, cuentas, bienes inmuebles y cualquier otro bien perteneciente a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y cualquiera de sus dependencias, que esté ubicado en Puerto Rico”.

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La orden establece que de embargarse sumas de dinero el alguacil expedirá copias al Tribunal, mientras que bienes inmuebles se anotarán en el Registro de la Propiedad. Del lugar donde hagan el embargo estar cerrado se autoriza a tomar “medidas que fueren necesarias (tales como abrir puertas, romper candados o forzar su entrada al referido lugar o local) para que no  haga fútil o inoperante el embargo”.

La orden surge pasada las 24 horas que tenía la Iglesia para pagar $4.7 millones para el pago de pensiones a los maestros, luego de que estos demandaran tras eliminar el programa en 2016.

Ayer, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, dudaba de dónde se iba a obtener la suma para evitar que el Tribunal proceda a embargar las cuentas bancarias de la entidad religiosa.

“Que los abogados respondan. Yo no soy consiente de ese detalle hasta ahora mismo”, reaccionó el arzobispo metropolitano a la orden de ayer.

Sobre si tendrán el dinero que exige el Tribunal, señaló: “Yo dudo eso… En Puerto Rico, hay cinco diócesis y una arquidiócesis. Yo solo tengo conocimiento (económico) de la arquidiócesis”.

Sostuvo que desconoce qué cantidad tiene el Fideicomiso, ya que se trata de una comisión separada de la arquidiócesis, en donde el monseñor tiene un voto. De hecho, añadió que no estaba cuando se fundó el programa de pensiones e, inclusive, desconocía los trabajos porque nunca se le invitó a reuniones.

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