Con una nueva carta dirigida a José Carrión III, presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), el Comité de Recursos Naturales del Congreso pidió cuentas y mandó a esa junta a tomar control sobre las negociaciones con los bonistas para que se les pague.
Igualmente, Rob Bishop —presidente de ese comité— le enfatizó a la JCF que está “frustrado” por su manejo con los bonistas.
Bishop, en una misiva de tres páginas, volvió a recordar los poderes concedidos bajo PROMESA por el Congreso para que se resuelve la crisis fiscal y se fomente la economía boricua. “Con tal poder para gobernar sobre el desarrollo de los planes fiscales, es imperativo que te adhieras a las responsabilidades y mandatos congresionales bajo PROMESA mientras también provees una vía de recuperación por los huracanes”, apuntó con autoridad Bishop a Carrión III.
Dentro de las críticas, el líder congresional enumeró las siguientes:
- La “incapacidad y renuencia” de la JCF para cerrar un acuerdo con los bonistas
- Que la JCF no ha usado los poderes de emitir subpoenas para conseguir la información financiera necesaria para los planes fiscales
- Que la Junta todavía no ha certificado qué servicios son “esenciales”
- El “extremo” gasto de dinero en los servicios de representación legal en los casos de Título III
“Actualmente, el comité está insatisfecho con la implementación de PROMESA y con la falta de respeto hacia los requisitos congresionales para el plan fiscal [del Gobierno]. Y ahora, dado a malas interpretaciones intencionales del estatuto, la promesa que le hicimos al pueblo de Puerto Rico puede tomar décadas en completarse “, reiteró Bishop.
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“…Mientras nos acercamos al segundo aniversario de la aprobación de PROMESA, una audiencia para evaluar el estatus de los propósitos de PROMESA será meritoria”, finalizó el congresionista.
La misiva llega cuando la JCF pidió al Gobierno que vuelva a revisar las proyecciones y números de los últimos planes fiscales entregados para incluir “una serie de reformas profundas y amplias” necesarias.
Dentro de ellas está la reducción de las pensiones a los empleados públicos.
Posterior al anuncio de la Junta, el gobernador Ricardo Rosselló retiró la propuesta de reforma laboral y criticó a la JCF por querer dictar la política pública del gobierno. Esas acciones del grupo federal fueron descritas por Rosselló como “ilegales” e “inaceptables”.
Vea la carta de Bishop enviada a Carrión aquí.