Ángel Rosa: “El gobernador falta a la verdad”

Si bien el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no incluyó entre sus propuestas en el Plan Fiscal la reducción de jornada laboral a los empleados públicos, el hecho de haber celebrado la aprobación del documento el 13 de marzo lo hace “dueño del Plan Fiscal, políticamente hablando”, apuntó el analista político y profesor Ángel Rosa.

“El gobernador falta a la verdad, porque la reducción de jornada laboral está en el Plan Fiscal que la Junta certificó y que él celebró en el jardín de Fortaleza con todos los alcaldes, con todos los legisladores del PNP (Partido Nuevo Progresista) y con todos los jefes de agencia”, apuntó Rosa.

Con un voto unánime, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó hoy una resolución en la que recomiendan la reducción de jornada laboral a los empleados públicos. Se trataría de una reducción de dos días menos al mes por empleado, a partir del 1ro de septiembre. Dicha recomendación es una de las condiciones que el ente federal había puesto al Plan Fiscal para que fuera aprobado, en caso de que el gobierno no alcanzara los estimados de ahorros y recaudos que pedía.

“Y dijo más, dijo que fueran estimados de ahorros estructurales y no temporales, o que entonces se tendría que activar la reducción de jornada y se incluyó en el plan y el gobernador celebró la certificación del plan y según Promesa la Junta podía enmendar ese plan a su discreción para certificarlo y eso fue lo que hizo”, explicó el exsenador del Partido Popular Democrático (PPD).

“El gobernador al celebrarlo aquel día, se hizo dueño del plan fiscal, políticamente hablando y esa es la razón por la cual hoy y hace unas semanas anda en este esfuerzo de comunicación de que él está en contra de la decisión de la Junta”, dijo Rosa.

En un desafío frontal, Rosselló Nevares no dará paso a la reducción de jornada laboral de los servidores públicos, tal cual recomienda la Junta. Contrario a eso, según establece PROMESA en caso de que el gobernador no acoja una recomendación de la Junta, el primer ejecutivo cursará una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informarles sobre su decisión y justificarla.

Pocas esperanzas de que gobierno el prevalezca ante un tribunal

Se trata del primer paso que podría dar lugar a un litigio en el tribunal que en última instancia sería quien decidiría si se aplica o no la reducción de jornada, un desenlace que según Rosa ya está marcado por medio de PROMESA.

“El gobierno tiene un caso flojo, porque ellos se refugian en la Sección 205 que dice que el gobierno va a implementar las estrategias y que la Junta hace sugerencias, pero la realidad es que la ley PROMESA dice bien claro dos cosas que hacen el caso del gobierno prácticamente insostenible”, indicó el analista.

“Primero, que sobre asuntos que estén contenidos en el Plan Fiscal certificado no hay capacidad jurídica del gobierno para acudir a los tribunales a impugnar ninguna decisión de la Junta y lo mismo sobre asuntos del Presupuesto certificado y, en segundo lugar, la ley también dispone que la Junta sí puede acudir en auxilio a los tribunales para obligar al gobierno a implementar sus decisiones”, explicó el profesor.

A juicio de Rosa, la única lógica que puede haber detrás de la carta que el gobernador enviará al presidente de Estados Unidos y al presidente de la Cámara de Representantes federal, es que haya cambios a la ley PROMESA, en un proceso que inserte enmiendas y le reste poderes a la Junta, pero si eso no es lo que sucede, bajo la ley vigente y bajo los términos de la ley actual, indicó el analista, no hay capacidad del gobierno para ganar el pleito en los tribunales.

Rosselló Nevares, además, defendió que su administración demostró tener una reserva en el Departamento de Hacienda de $291 millones al cierre del año fiscal 2017, argmentando que al 30 de junio no solamente cumplieron con la reserva, sino que el balance en caja en el Departamento de Hacienda ascendió a $1,799 millones, superando lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta.

Pero algo en las cifras del gobierno parece no convencer a la Junta, por un lado. Por el otro, la Junta había establecido que la reserva no podría utilizarse como parte de los cómputos de ahorro, sino como una suma adicional a los ahorros ya proyectados en el plan, que alcanzan los $880 millones, pero el gobierno, según la Junta, se quedó corto.

“La Junta y el gobernador por lo menos en apariencia no se entienden fiscalmente. Es decir, la Junta no le da credibilidad a las cifras que el gobernador aduce y hace su análisis propio y le notifica que de acuerdo a la evaluación de la Junta, no se ha llegado a las metas y como no se han cumplido las metas ellos van a ajustar a base de las estrategias que le incluyeron en el plan, en caso de que no se cumplieran las metas de recaudo y ahorro”, apuntó Rosa.

Con la reducción de jornada laboral, la Junta proyecta que el gobierno debería alcanzar un ahorro de $218 millones que identificó como una brecha entre las proyecciones de recortes y ahorros y los números alcanzados.

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