Un tribunal podría decidir si habrá o no reducción de jornada laboral

Tranque entre el Gobierno y la Junta podría tener el efecto de aumentar la cantidad de días en reducción, según el ente federal

Por David Cordero

Como había sido previsto por fuentes de este medio, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó hoy en su novena reunión pública una resolución en la que recomienda la reducción de jornada laboral a los empleados públicos, que debería entrar en vigor el próximo 1ro de septiembre.

Sin embargo, en un agitado intercambio entre los miembros de la Junta y el representante del Gobierno de Puerto Rico ante dicho cuerpo federal, Christian Sobrino, este último retó la resolución aprobada y afirmó que el gobierno no implementará la reducción de jornada.

“Lo que establecimos claramente aquí fue que el Plan Fiscal, en ningún lado de este documento se habla de jornada laboral, en el único documento donde se habla de este tema es en este, que es la resolución de la Junta”, señaló Sobrino, con ambos documentos en la mano, a preguntas de este medio.

“Al Gobierno se Puerto Rico se le notificó que iban a certificar el Plan fiscal del Gobierno y que iban a incluir ese lenguaje. Nuestra postura desde el día uno ha sido que no estamos de acuerdo con esa recomendación”, apuntó el también presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En efecto, la JSF aprobó el 13 de marzo el Plan Fiscal, luego de añadir como anejo la recomendación de reducción de jornada laboral a los empleados públicos. Tras la aprobación del Plan, el gobernador Ricardo Rosselló realizó una conferencia de prensa en el jardín de Fortaleza junto a todo su equipo de trabajo, en la que celebraron el Plan Fiscal aprobado. Sobrino alega que la recomendación no se había hecho oficialmente, de modo que el gobierno no podía objetar en aquel momento la reducción de jornada en términos procesales.

“No tenemos que comenzar el proceso formal para cada comentario que existe. Ahora es que estamos recibiendo la recomendación oficial y ahora es que entonces tenemos que tomar la acción bajo la sección 205”, aseguró.

Vea: Junta recomienda reducción de jornada laboral

En términos burocráticos, el gobernador Rosselló deberá notificar por escrito que no acojeran la recomendación, tanto a la Junta, como al presidente de Estados Unidos y líderes legislativos del Congreso, según explicó Sobrino, quien defendió el poder último del Gobierno de Puerto Rico sobre las recomendaciones de la Junta.

“La Ley PROMESA específicamente reconoce que la política pública de Puerto Rico la establece el gobierno”, reiteró.

No obstante, en una férrea defensa, los miembros de la Junta argumentaron la necesidad de la implementación de la reducción de jornada y la autoridad del ente federal para ordenarla.

“Nosotros entendemos que tenemos la autoridad”, afirmó José Carrión III, a preguntas de Metro. “Entendemos que tenemos esa autoridad porque ese fue el plan formado y acordado. Me parece que si no es así es mejor saberlo desde ya”, añadió el presidente de la Junta.

Carrión advirtió que, de no entrar en vigor la recomendación a partir del 1ro de septiembre, la reducción de jornada podría alcanzar hasta los cuatro días mensuales por empleado. La resolución que se aprobó hoy de manera unánime recomienda una reducción de dos días mensuales por empleado, una medida contemplada hasta el 30 de junio del año fiscal 2018.

Con dicha reducción, la Junta proyecta que el Gobierno debería alcanzar un ahorro de $218 millones que identificó como una brecha entre las proyecciones de recortes y ahorros y las medidas que está implementando actualmente el Gobierno para alcanzar una reducción de $880 millones en el presupuesto.

“Entendíamos que esto iba a acabar en un proceso de litigios, desafortunadamente, a raíz de la posición asumida por el señor gobernador”, apuntó Carrión, al reconocer que sólo a través de los tribunales se podría implementar la reducción de jornada si el gobernador Rosselló se niega a llevarla a cabo.

Carrión defendió la capacidad legal de la Junta, por medio de PROMESA, para implementar la medida de reducción laboral.

“Nosotros no consideramos esto una recomendación, esto fue un elemento integral del Plan Fiscal certificado. Al ser un elemento integral, no es una alegación como alega el gobierno y por lo tanto, nosotros estamos haciendo valer lo que acordamos, lo que pactamos con el gobierno el 13 de marzo”, puntualizó.


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