El Departamento de Justicia refirió hoy a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) al alcalde popular de Río Grande, Ángel “Bori” González, por aparentes delitos relacionados al aprovechamiento ilícito de recursos públicos.
“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Río Grande pudo haber violado las disposiciones del Artículo 252 del Código Penal de Puerto Rico, que es el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directamente o indirectamente, para él o persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Además pudo haber violado el Artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de Empleados y Funcionarios Públicos Denunciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupción”, indicó La secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced, en comunicación escrita sin entrar en detalles específicos de las imputaciones al alcalde.
Metro supo que la investigación al alcalde viene desde el año pasado. Este alcalde reemplazó en 2014 al entonces ejecutivo municipal de su misma colectividad, Eduard Rivera Correa, quien fue convicto a nivel federal por los delitos de soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia.
Recientemente, Justicia refirió al FEI al alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz por un caso de malversación de fondos públicos y violación a la Ley de Financiamiento de Campañas. El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer dijo en WKAQ que tenía información de que Justicia radicaría casos fabricados a alcaldes populares.
El Artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como Ley del Fiscal Especial Independiente, 3 L.P.R.A., Secc. 99 h, establece que Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que se reciba información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluidos en la misma transacción o evento y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público, por algunos funcionarios, entre los cuales están los alcaldes.
El oficial de prensa del PFEI, Luis Cruz, confirmó a Metro el recibo del referido que exige, en otra investigación preliminar, no designar un FEI contra algún funcionario de la Comisión de Servicio Público (CSP).
Sobre esa investigación Vázquez Garced suscribió que “examinada la evidencia recopilada en la investigación preliminar, a tenor con el derecho aplicable y la consulta realizada a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entendemos que no hay causa suficiente para creer que algún funcionario entre el periodo auditado entre 2012 y 2016 cometieron delitos, por lo que no se recomienda la designación de un FEI”.
Hasta el momento, se desconocen los detalles específicos de los señalamientos referidos por Justicia al PFEI, quien ahora se reúne y evalúa si existe causa para realizar una investigación profunda contra el alcalde o se descarta el caso.
La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y los fiscales Lorraine Pietri Colón y Pedro C. Hernández Zumaeta, respectivamente, investigaron ambos casos.
