La violencia infantil es uno de los problemas más graves y persistentes en Puerto Rico y en el mundo. El maltrato de menores ocurre en ámbitos o entornos como el hogar, la familia, la escuela, el sistema de justicia y la comunidad. Dentro de estos mismos entornos, los menores se exponen a distintas modalidades de violencia, como la negligencia, el abuso físico, emocional, sexual, psicológico e institucional, entre otras.
Aunque el maltrato infantil se presenta en todos los niveles socioeconómicos, hay una relación directa entre la pobreza y la negligencia infantil. Según el Instituto del Desarrollo de la Juventud, en las últimas décadas, el 57 % de los menores en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza, o en pobreza.
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Según datos oficiales, para 2019, se recibieron un total de 17,474 (30.5 %) referidos de maltrato o negligencia a menores de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados. En días recientes, la subadministradora de ADFAN indicó que para el 20 de octubre del 2020 tenían unos 8,454 referidos por maltrato de menores. Este año, para la misma fecha, tienen 12,110 casos, lo que representa un alarmante aumento de 3,656.
A dicho aumento se suman las deficiencias institucionales que no han podido atajar efectivamente este mal social. Tan solo durante los últimos cinco años, cientos de denuncias de abuso sexual contra niños -validadas como ciertas por organizaciones con profesionales contratados por el propio gobierno para manejarlas- no han resultado en acusaciones contra nadie, dejando a agresores libres para perpetrar sus crímenes y a cientos de niños desprovistos de seguridad y justicia.
Se suman también las deficiencias presupuestarias por las que atraviesan muchas de estas agencias y programas como consecuencia de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal. En ocasiones se criminaliza y responsabiliza a empleados de distintas agencias en su carácter personal, cuando son esos profesionales quienes se enfrentan continuamente a la falta de recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad y accesibles para la ciudadanía.
Todo ello redunda, para todos los efectos, en un estado de emergencia por violencia infantil al cual estamos llamados a discutir y a buscar soluciones.
