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Opinión de Denis Márquez: Para Combatir la Corrupción Municipal

Lee aquí la columna del representante del Partido Independentista Puertorriqueño.

Tras los arrestos por corrupción de los alcaldes de Cataño y Guaynabo, así como del vicealcalde de Trujillo Alto, muchos políticos del PNP y PPD han expresado sorpresa e indignación. Incluso, ya comenzaron a prometer “atender” el problema de corrupción rampante, que siempre ha incluido a funcionarios electos y de gobierno de ambos partidos. Prometen, y pretenden que les creamos, que habrá “mano dura” a los corruptos.

Sin embargo, resulta irónico que, en el caso de los alcaldes, mediante la aprobación del Código Municipal del 2020 con votos de penepés y populares, se liberalizaron muchas de las medidas de transparencia de la anterior Ley de Municipios Autónomos.

Entre estas, el arrendamiento sin subasta de propiedad municipal, en los casos que de ordinario se requeriría subasta y las autorizaciones de donativos de fondos y propiedad municipal a entidades o agrupaciones privadas sin fines de lucro que antes requerían la aprobación de 2/3 partes de la Legislatura Municipal, ahora solo necesitan una mayoría simple para su validez. Además, el Código añadió los procedimientos de “Solicitud de Propuestas” y “Solicitud de Cualificaciones” que son menos rigurosos que la Subasta Pública que buscan garantizar la pulcritud de los procedimientos de compras.

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Además, hay que eliminar las súper-mayorías que la Ley concede en las Legislaturas Municipales para evitar que sigan siendo un “sello de goma” del ejecutivo municipal y garantizar la representación proporcional a los votos obtenidos por cada partido. A modo de ejemplo, una legislatura de 14 miembros, normalmente tiene 11 escaños del partido del alcalde, lo que significa casi un 80% de los integrantes de esta, sin importar el porcentaje de votos que obtuvo el alcalde.

Para combatir la corrupción municipal debemos reformular el Código para restarles poderes a los alcaldes, fortalecer las legislaturas municipales garantizando la proporcionalidad de sus integrantes y añadir procesos más estrictos para las compras y contrataciones de bienes y servicios. Simultáneamente hay que atajar el germen del clientelismo político que permite nombramientos de funcionarios sin la preparación necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder, el adelanto agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas.

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