La credibilidad y la apertura son la base para una sana administración pública. Una sociedad bien informada fomenta la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Por años, abogados constitucionalistas habían propuesto la aprobación de un marco legal que viabilizara en términos prácticos el derecho de acceso a información pública, de manera que su ejercicio no dependiera del vaivén político o de pleitos judiciales.
El 1 de agosto del 2019, una semana después de haber anunciado su renuncia, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico.
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Según los propulsores de estas medidas, ambas leyes tenían el propósito de crear los protocolos y los procedimientos para regular y hacer más fácil el acceso de los ciudadanos a documentos e información pública. Esa sin duda es una meta loable.
Sin embargo, gremios periodísticos y entidades que luchan por la transparencia gubernamental establecen que estas dos leyes “limitan seriamente el acceso a la información pública en Puerto Rico”, y que el legado de las mismas será una “oscuridad restringiendo inconstitucionalmente el derecho de la ciudadanía a obtener información pública como derecho inherente al de libertad de expresión”.
Debido a esto, el compañero José Bernardo Márquez y este servidor radicamos la Resolución de la Cámara 199 para investigar la implementación y cumplimiento por parte del Gobierno de Puerto Rico con estas dos leyes.
Nuestra obligación legislativa es aprobar una verdadera política pública de apertura a la información pública que recobre la confianza del país en nuestras instituciones y erradique la práctica gubernamental de operar en la oscuridad. Esa es otra herramienta para luchar contra la corrupción. Este debe ser nuestro único norte.
