La Reforma de salud y el abismo fiscal: Del mantenimiento correctivo a la prevención
Lee aquí la columna del vicepresidente de Proyecto Dignidad
Por Ing. Luis Yordan
En la ingeniería de mantenimiento existe un principio básico: corregir la falla cuando el equipo colapsa es infinitamente más caro y peligroso que aplicar un plan preventivo riguroso. Sin embargo, en Puerto Rico nos hemos acostumbrado a vivir bajo la cultura del “mantenimiento correctivo”, no solo en la salud física del ciudadano que hace el desarreglo y espera resolverlo tomándose una pastilla cuando estalla la crisis, sino en la administración pública de todo el sistema de salud estatal.
Nuevamente el país se asoma al abismo fiscal (fiscal cliff) del programa Medicaid. La respuesta oficial vuelve a ser el mismo libreto conocido: enviar delegaciones a Washington a pedir asignaciones suplementarias. La primera administración en inaugurar este peregrinaje tras la reestructuración del sistema en los noventa fue la de Pedro Rosselló. Lo que comenzó como una gestión extraordinaria se convirtió en un hábito crónico: en las últimas tres décadas ha sido necesario ir al Congreso en al menos ocho ocasiones (1997, 2003, 2009, 2011, 2017, 2019, 2021 y los recientes parches de 2023-2024) a suplicar fondos de emergencia.
La discriminatoria realidad de la inequidad federal es innegable. Según datos de la Comisión de Acceso a Medicaid (MACPAC), a Puerto Rico le aplica un tope legal (statutory cap) con un nivel de aportación federal (FMAP) base de apenas un 55%. Si a la Isla se le aplicara la fórmula de los estados basada en el ingreso per cápita, nos correspondería el FMAP máximo de un 83%. Aunque cabildeos pasados lograron elevar temporalmente la aportación a un 76%, el reloj de la expiración siempre vuelve a cero, amenazando la cubierta de más de 1.4 millones de participantes del Plan Vital.
Lo insostenible de este modelo se evidencia al contrastarlo con nuestra demografía. Según el Negociado del Censo, entre el año 2000 y el presente, la población de 65 años o más en Puerto Rico se duplicó, pasando de un 11% a casi un 24%. Ante semejante volumen de envejecientes, cualquiera pensaría que los médicos vendrían a la Isla a “hacer su agosto” dada la altísima demanda de servicios. La cruda realidad es la contraria: los médicos siguen emigrando masivamente. ¿La razón? El monopolio de las aseguradoras, que imponen tarifas de reembolso misérrimas comparadas con las de los estados, dilatan la entrega de números de proveedor y asfixian al especialista con burocracia. La alta demanda existe, pero la ganancia se queda en el intermediario administrativo, no en el profesional de la salud, y mucho menos en el paciente.
¿Y qué se ha hecho en Puerto Rico para no tener que depender de las limosnas presupuestarias de Washington? Prácticamente nada estructural. La respuesta local ha sido poner parches: recortar cubiertas, apretar los pagos a los proveedores y esperar a que el próximo avión a Washington resuelva la quiebra.
La verdadera reingeniería que proponemos en el Plan de Proyecto Dignidad exige un cambio de mentalidad radical. Necesitamos exigir en Washington el trato justo del 83% que nos corresponde por ley, pero internamente debemos movernos de la medicina correctiva a la preventiva. Hay que educar para evitar la enfermedad, eliminar la grasa burocrática de las aseguradoras para pagarle con dignidad a nuestros médicos y diseñar un sistema donde el dinero público se invierta en
mantener saludable al ciudadano, no en apagar incendios fiscales cada dos o tres años. Es hora de dejar de vivir de pastilla en pastilla y empezar a diseñar con responsabilidad.
